Ley de glaciares: Diputados se encamina a aprobar la modificación y la discusión se trasladará a la Justicia

Por Sabrina Pont

El proyecto llega al recinto después de un recorrido que se aceleró en las últimas semanas. Hubo audiencias públicas, media sanción en el Senado —con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención— y una convocatoria a las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales para el 7 de abril. El tratamiento en Diputados está previsto para el día siguiente.

En ese proceso hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la comisión de Minería no participó de las audiencias. Según explican en el Congreso, la razón fue formal —no estaba constituida durante el período extraordinario—, aunque en el sector hay lecturas distintas: para algunos fue un error y para otros, una forma de no extender un debate cuyos votos ya estaban encaminados por otros carriles.

La flamante presidenta de esa comisión, la diputada catamarqueña María Fernanda Ávila, quien fue la secretaria de Minería de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, planteó una posición que sintetiza la mirada de varias provincias mineras.

“Hay una postura unificada en Catamarca: desarrollo de la minería con protección del agua. El objeto de la ley no se cambia y se reconoce la labor del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)”, señaló a La Opinión Austral.

En ese punto, defendió la modificación como un intento de ordenar una norma que, según distintos actores provinciales, generó dificultades en su implementación. “Las provincias venían señalando una invasión a su esfera de dominio y una definición ambigua de periglaciar, que trae incertidumbre tanto para las empresas como para los funcionarios que tienen que aplicar la ley”, explicó.

La diputada también hizo foco en uno de los aspectos más discutidos del régimen vigente: el alcance del inventario. “No se puede inventariar un ambiente (en referencia a que el texto de la ley dice “protección del ambiente periglacial”). Lo que se inventaría son geoformas”, afirmó, en línea con planteos técnicos que cuestionan la forma en que se interpretó el trabajo del IANIGLA.

Mientras tanto, el tratamiento legislativo avanza con números que el oficialismo considera suficientes. Con quórum, la aprobación requerirá mayoría simple, pero lo relevante no es tanto ese piso como la diferencia esperada, que aparece como un elemento central en la estrategia. No sólo para asegurar la sanción, sino para el escenario posterior, donde el resultado legislativo también pasará a ser parte de la discusión.

En el sector minero y en el ámbito político hay una coincidencia extendida: los amparos se preparan y el paso por los tribunales se considera parte del proceso.
La propia Ávila lo reconoce en términos más institucionales: “La nueva ley va a tener nuevos procesos. Quizás tome tiempo, pero la presentación de una ley de modificación fue la mejor vía de reforma porque le da más fortaleza”. Y agrega un punto clave: “Es un paso, pero falta despejarlo. Eso probablemente ocurra cuando la Corte defina”.

En ese marco, el resultado legislativo adquiere otro significado. No se trata únicamente de aprobar un texto, sino de construir una base política que respalde su implementación frente a los cuestionamientos judiciales que ya se anticipan.

La definición de ambiente periglaciar sigue siendo uno de los puntos más sensibles. El proyecto no introduce criterios más precisos, sino que modifica la instancia de decisión sobre qué áreas quedan alcanzadas por la protección. La discusión, en ese sentido, no se resuelve, sino que cambia de órbita.

Algo similar ocurre con el Inventario Nacional de Glaciares. Las 16.968 geoformas identificadas funcionan como referencia general, pero en la práctica sólo una porción limitada (menos del 1%) entra en análisis concreto. El trabajo de campo sigue siendo incompleto y, en muchos casos, la evaluación dependerá de los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas y de la verificación posterior por parte de las autoridades provinciales. Esto implica que las definiciones continuarán siendo caso por caso y, en cierta medida, abiertas a interpretación.

El contenido del proyecto, en tanto, mantiene algunos de los límites que ya estaban presentes en la norma original. El objeto de protección no se modifica —en parte para evitar cuestionamientos por regresión ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú—.
Gobernadores involucrados en la discusión, coordinación a nivel federal y una presencia activa del tema en ámbitos internacionales muestran que la cuestión logró escalar.

En paralelo, el contexto político introduce otro elemento. Distintos actores coinciden en que esta será probablemente una de las últimas leyes de peso que el Congreso trate antes de que la agenda electoral comience a dominar el escenario político. A partir de mayo, estiman, la dinámica parlamentaria empezará a estar atravesada por la campaña hacia 2027. Ese calendario también explica la velocidad del tratamiento.

Desde el sector productivo, la lectura es más bien pragmática. La modificación de la ley aparece como una instancia posible dentro de un contexto determinado, más que como una solución definitiva. Un avance que convive con la expectativa de que el debate continúe en otros ámbitos, entre ellos, la Justicia.

En ese sentido, empieza a cobrar mayor relevancia otra dimensión de la discusión: el impacto concreto de la actividad. La expectativa social se orienta cada vez más hacia resultados tangibles, en términos de empleo, desarrollo local y capacitación. Algunas estimaciones hablan de la necesidad de formar entre 5.000 y 6.000 personas para acompañar el crecimiento del sector. Ese tipo de definiciones excede a la ley, pero incide directamente en su viabilidad.

Si el proyecto se aprueba en Diputados, como se prevé, la discusión ingresará en una nueva etapa, donde volverán a cruzarse interpretaciones técnicas, intereses políticos y definiciones sobre el alcance de la protección ambiental. El recorrido de la ley, en ese sentido, no parece terminar en el Congreso.