Ley de Glaciares: se realizarán dos audiencias públicas antes de ser votada

Después de que el interbloque Unidos haya exigido una audiencia pública antes del pase a la firma, el oficialismo dio lugar al reclamo y se reordenó el cronograma del tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

El pedido de audiencia pública fue elevado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, acompañado por diferentes integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas. En relación al petitorio, invocaron al artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

“La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, había señalado el integrante de Unidos, según dio cuenta el sitio El Parlamentario.

La nota encabezada por Ferraro fue acompañada con la firma de Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.

Según trascendió, habrá dos jornadas de audiencias públicas. Una será el 25 de marzo, presencial, desde las 10 de la mañana, y otra el 26, de modo virtual. De esta manera, en los cálculos de La Libertad Avanza, se buscará dictamen en la semana del 8 de abril y se discutiría el proyecto en el recinto entre mediados y fines del mes próximo. Este es un cambio considerable teniendo en cuenta la velocidad con la que se trató el texto en el Senado.