Los defensores oficiales en contra de la baja de la edad de imputabilidad

Esta semana comenzó a debatirse -en el Congreso de la Nación- la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que conlleva -además- la baja de la edad de imputabilidad. Se trata de un tema muy sensible para la sociedad y cuya discusión viene postergándose hace años. Las aguas se dividen entre los que no quieren que se modifique la ley, los que quieren que se baje a 16 años, y los que respaldan la postura del Gobierno nacional que pretende bajar la edad a 13 años.

“Tenemos mucho diálogo con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas, estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la imputabilidad“, anticipó el 31 de mayo pasado en Radio LU12 AM680, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

De esta manera, en un Plenario de Comisiones, el oficialismo de La Libertad Avanza -junto a otros sectores parlamentarios- busca avanzar en el proyecto impulsado por Patricia Bullrich para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.

Desde las declaraciones del ministro de Justicia al Grupo La Opinión Austral, tres de los diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz se manifestaron sobre el tema. José Luis Garrido (Por Santa Cruz), señaló que “se tiene que dar un debate con varios actores”. Y afirmó: “En lo personal creo que 16 años como una variable podría discutirse“. Asimismo, manifestó que esa “es la edad, por ejemplo, donde pueden expresarse democráticamente”, y que hoy el sistema no está preparado para reinsertarlos en la sociedad, “imagínense a los 13 años”.

También habló Ana María Ianni (Unión por la Patria), quien opinó que, si bien todavía no fue debatido en el bloque, “hay proyectos de compañeros y compañeras, como en el caso de la legisladora María Eugenia Alianiello, “que propone los 16 años“, iniciativa que “acompañé porque me parece acertado pensar en eso“. Cabe destacar que la diputada Roxana Reyes (Juntos por el Cambio) también confirmó “es un debate a dar”, pero que “puede pensarse en bajarla de 16 a 14 para delitos con penas mayores a tres años” (ver más en recuadro de nota).

Rechazo de Defensores

En medio de este debate, también sentaron posición los defensores oficiales -a cargo de la Dra. Romina Saúl- ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. En un extenso documento, al que tuvo acceso La Opinión Austral, manifestaron “nuestro más enérgico repudio contra todo Proyecto de Ley que contraríe los estándares internacionales de derechos humanos en relación a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad como lo son los niños, niñas y adolescentes“, especialmente “en lo que respecta a la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años de edad, en contra de lo dispuesto por la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño“.

Según argumentaron, adoptaron esa postura partiendo de la premisa fundamental de que toda norma que pretenda modificar el régimen penal juvenil vigente, regido por el Decreto-Ley Nro. 22.278/80 debe adecuarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, y de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y recordaron que esto deriva de la ratificación e incorporación de la Convención sobre los derechos del niño a la Constitución Nacional, luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que a través del artículo 75 inc. 22 otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos, lo que significó un avance para la Nación Argentina y para el derecho argentino, al otorgar protección a los derechos humanos.

Asimismo, subrayaron que, en materia de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como en todo el ámbito de los derechos humanos, “rige el principio de no regresividad, que impide dictar leyes o implementar políticas que supongan una disminución en los derechos reconocidos a los mismos”. Por lo que “bajar la edad de imputabilidad significa un claro retroceso, haciendo ingresar a más jóvenes a la órbita de la punición, lo cual debería ser la última respuesta del Estado frente a la comisión de un ilícito“.

Los defensores oficiales de Santa Cruz indicaron que la Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes “exige al Estado el desarrollo de políticas públicas que aseguren el máximo goce de los derechos que les competen por su particular situación de ser personas en desarrollo”. Y subrayaron: “Creemos que la baja de la edad de imputabilidad en medida alguna puede traer aparejada el pleno disfrute de derechos, por ello, con esta medida el Estado estaría incumpliendo las obligaciones que le son inherentes, haciéndolo incurrir en responsabilidad y sujeto a condena por parte de organismos internacionales”.

“Desigualdad”

Desde la Defensoría ante el TSJ recordaron que, se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable, y sostuvieron que va más allá por cuanto impone que, todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de Justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.

“Ello supone que constituye una obligación para el sistema de Justicia, para el Ministerio Público de la Defensa que representamos y para el Estado Argentino en su conjunto y en los tres poderes que conforman el sistema democrático, cumplir con los preceptos de la Constitución Nacional velando por el cumplimiento de la misma, lo que impone a este cuerpo expresarse y peticionar el rechazo de todos los proyectos de ley que pretendan bajar la edad de imputabilidad de los menores que en nuestra legislación se encuentra en 16 años de edad como edad mínima“.

Recordaron que, como Defensores Públicos Oficiales y, “en nuestro rol de garantes de los derechos humanos, en contacto permanente y de cerca con situaciones de vulnerabilidad, entendemos que bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas no es una solución eficaz, porque sabemos que es la desigualdad la causa que está íntimamente relacionada con la criminalidad y con la violencia social y familiar“.

Sobre este tema, indicaron que “a mayor igualdad, es menor la discriminación y la estigmatización, por lo cual es menor la criminalidad” y que “hablamos de desigualdad no como un concepto teórico o abstracto, sino como un hecho concreto que verificamos todos los días en la sede de nuestras oficinas”, por eso “tenemos que combatir esas desigualdades con políticas de inclusión, y los gobiernos avanzar en una agenda de protección de derechos, respetuosa de los estándares internacionales en la materia”.

La violencia

Los Defensores Oficiales ante el TSJ, indicaron que el mayor problema de los y las adolescentes en nuestro país y en el mundo es la violencia que se ejerce sobre ellos/as desde su niñez, y no viceversa. Citaron un estudio de las Naciones Unidas, 150 millones de niñas y 73 millones de niños sufren agresiones violentas por parte de adultos: desde abuso sexual hasta castigos físicos, pasando por la explotación laboral y el abandono. Nuestro país no es una excepción a esta generalidad.

“Pensar sólo en disminuir la edad de imputabilidad como solución es simplista, porque centra la atención de la sociedad en la violencia de los y las adolescentes y no en la que se ejerce a diario sobre ellos/as, por fallas graves en el sostén familiar a causa de la pobreza de sus progenitores y su falta de educación, responsabilidad grave del Estado por no brindar oportunidades adecuadas a gran parte de la comunidad, por educación de mala calidad, falta de oportunidades de recreación, deporte, acceso a bienes culturales, empleo joven, etc.”, ejemplificaron.

Inclusive, manifestaron que el anteproyecto de Ley enviado al Congreso “contraría los estándares internacionales, criminaliza a los niños, niñas y adolescentes a los que responsabiliza por la inseguridad que atraviesa el país y no propone alternativas de inclusión sino sólo de punibilidad, agudizando la desigualdad. Es regresivo e inconstitucional“. Y respaldaron esto, ya que “la cantidad de adolescentes de 13 a 15 años que cometen delitos graves es ínfima“.

“Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes” por lo que “se utilizará presupuesto para un sistema represivo y no para la intervención preventiva como establece la convención”.

En síntesis, afirmaron que la baja de edad de imputabilidad “no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez“.