Mauricio Collareda “no tuvo ninguna intervención relevante”

Como dábamos a conocer este lunes, el abogado de Héctor Garro, acusado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, abrió la etapa de alegatos defensivos y aseguró que la Fiscalía “violó la Constitución” al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados en nuestra provincia.

El martes fue el turno de otro exfuncionario, en este caso de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda, quien prestó funciones entre los años 2008 a 2015 dentro de ese organismo. Al igual que Garro, su defensa pidió la “absolución“, al tiempo que negó que el también acusado, el empresario Lázaro Báez, haya tenido algún tipo de “injerencia” en decisiones de Vialidad.

Su abogado defensor, Luis Alonso Martínez, manifestó que los fiscales basaron su acusación diciendo que hubo una “asociación ilícita piramidal, un verdadero sistema de corrupción institucional, con 51 licitaciones públicas, donde se eliminó la competencia para beneficiar a Lázaro Báez mediante un mecanismo de aparente legalidad, donde cada uno había cumplido una función estratégica“. Acotó que -según la acusación- 47 de esas 51 licitaciones habían sido por convenios entre la Nación y la Provincia para evitar el control de las mismas.

Martínez también recordó que la Fiscalía habló de la Resolución N° 1005 de 2004, dictada por otro extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, como una herramienta para evitar ese control. “Sin embargo, pese a esa normativa, la Fiscalía a la vez afirmó que los jefes de distrito 23, en particular mi asistido, Mauricio Collareda, habrían participado como un eslabón intermedio de la maniobra, ya que tenía a su cargo el control que no ejerció, entonces así posibilitó la homologación de las licitaciones”, dijo.

Sostuvo que, según los fiscales, Collareda nunca había querido ejercer el control, con la orden de beneficiar a Lázaro Báez. “Voy a contrarrestar uno por uno a fin de demostrar que la única solución posible, señores jueces, en ese caso, y en relación a Collareda, es el dictado de su absolución“, expresó.

Más adelante, manifestó que el exfuncionario “no tuvo ninguna intervención relevante en la maniobra que fue escrita por la Fiscalía, que por lado tampoco considero que se encuentre probada” y agregó que “se afecta el principio de culpabilidad ” y aunque admitió que Collareda como funcionario público tenía un rol, pero “si la base de la imputación va a ser esa competencia funcional (…) los fiscales no podían inventarle funciones que no tenía”.

“Es escandaloso e inaceptable” el pedido de seis años de prisión de la Fiscalía para Collareda. También negó que el exfuncionario haya sido amigo del dueño de Austral Construcciones y sostuvo que la maniobra que se analiza en el juicio “no está probada“.

Mauricio Collareda en “el Distrito 23, no señalaba si una obra era necesaria y si debía iniciarse el proceso previo a su ejecución” y “tampoco participaba de la decisión de suscribir un convenio; no imponía términos en los que se desarrollaban los convenios entre la Nación y la provincia de Santa Cruz, pero tampoco tenía ninguna tarea de control previa a que ello se firmara”. Y añadió que el extitular del Distrito 23 de Vialidad no participó del armado del presupuesto de las obras viales, ya que eso es competencia de los equipos técnicos que hacían las previsiones de costos en la AGVP, cuando eran convenios con provincia, y por Casa Central de Vialidad Nacional, cuando eran de Nación. E incluso sostuvo que el acusado tampoco participaba de los cálculos para los plazos de duración de cada obra.

Entre otras cosas, aclaró que el Distrito 23 no tenía infraestructura ni logística para ser el órgano comitente de estas obras y “por eso se firmaron los convenios“. Luego de todo esto, reiteró que sólo cabe su absolución. El debate seguirá este viernes con la defensa del acusado Raúl Daruich, también exfuncionario del Distrito 23 de Vialidad Nacional.