Milei vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres proyectos de ley de fuerte impacto social que habían sido aprobados por el Congreso: el que establecía un aumento de emergencia para jubilados, el que reinstauraba la moratoria previsional, y el que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025.

El Ejecutivo justificó su rechazo con duros argumentos técnicos y políticos: aseguró que el costo fiscal de las medidas era “exorbitante” y que el trámite parlamentario presentaba “graves vicios de procedimiento”.

Según el decreto firmado por Milei, los tres proyectos implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, lo que representaría el 1% del PBI este año y el 1,68% el próximo. Desde el Gobierno afirmaron que ese nivel de erogación pondría en jaque las metas del equilibrio fiscal, al que calificaron como “innegociable”.

Además, señalaron que las iniciativas no incluían fuentes de financiamiento genuinas, lo cual incumpliría la Ley de Administración Financiera.

En paralelo, el Ejecutivo objetó el procedimiento legislativo: denunció que la sesión del Senado del 10 de julio se realizó sin la debida citación previa y que los proyectos se aprobaron con mayoría simple, cuando —según sostienen— se requería una mayoría especial de dos tercios.

Qué proponía cada proyecto que Milei vetó

• Jubilaciones: contemplaba un aumento de emergencia del 7,2%, un bono permanente de $110.000 ajustable por inflación, y transferencias automáticas a cajas previsionales provinciales no transferidas.
• Moratoria previsional: reabría por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitía jubilarse sin 30 años de aportes completos y flexibilizaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
• Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva, y establecía una compensación económica urgente para los prestadores del sistema.

Con el veto oficializado, ahora la pelota vuelve al Congreso. Para revertir la decisión presidencial y convertir en ley las tres normas rechazadas, la oposición necesitará reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.

El escenario parlamentario se anticipa complejo, pero no imposible: varios bloques ya habían advertido que insistirían con las iniciativas, especialmente por su impacto directo sobre sectores vulnerables.