Pesca ilegal: solicitan al Consejo Federal Pesquero mejorar los controles al otorgar permisos

La pesca en aguas adyacentes al Mar Argentino es un tema de dificil resolución para el país. El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la organización “Sin Azul No Hay Verde” presentaron el informe “El caso Univpesca: por qué necesitamos un registro público de embarcaciones y permisos pesqueros”, que expone cómo se otorgaron y transfirieron permisos de pesca a empresas vinculadas con antecedentes comprobados de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE).

La gestión sostenible de los recursos marinos y la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) requieren no solo marcos legales adecuados, sino también transparencia efectiva sobre quiénes explotan el recurso, bajo qué condiciones y con qué antecedentes.

En Argentina, la información clave sobre la flota pesquera —incluyendo registros de buques, armadores y permisos— se encuentra fragmentada y dispersa en las resoluciones del Consejo Federal Pesquero, no está publicada en formato accesible, ni disponible en tiempo real, lo que dificulta el control por parte del Estado, la cadena de suministro y la ciudadanía en general.

El informe reconstruye cronológicamente cómo, “pese a antecedentes comprobados de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, empresas vinculadas al mismo grupo económico lograron ingresar embarcaciones bajo pabellón argentino; obtener permisos de pesca para la pesquería de calamar y transferir posteriormente esos permisos a otras subsidiarias del mismo conglomerado”.

Informe

La Opinión Aujstral accedió al informe en el que se da cuenta que “el análisis documenta que Univpesca, subsidiaria de la corporación estatal china China National Fisheries Corporation (CNFC) —cuyos buques fueron detenidos y sancionados por pesca ilegal en varias oportunidades—, recibió permisos de pesca y posteriormente obtuvo autorización para transferirlos a otras empresas del mismo grupo”.

“Estas decisiones violan lo establecido por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o con vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con quienes la practiquen. Además, el caso revela fallas en la verificación de antecedentes y en la identificación de relaciones societarias” señaló Milko Schvartzman coordinador de Océanos del Círculo de Políticas Ambientales.

El análisis identifica cómo la “flexibilización del marco regulatorio pesquero permitió que una empresa rechazada en 2006 por vínculos con la pesca ilegal accediera años después (2013) a permisos en violación a la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922)”.

El documento advirtió que “en 2016, el Consejo Federal Pesquero autorizó además la transferencia de permisos a COFC, cuyos buques Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10 poseen historial de pesca no regulada en el borde de la milla 201 y vínculos con el mismo grupo. Esos permisos continúan vigentes hasta hoy, a pesar de que la normativa exige su caducidad automática si se constatan violaciones al artículo 27 bis”.

Información pública

También se “alertó sobre la inexistencia de información pública integral sobre: embarcaciones pesqueras, armadores,permisos otorgados yantecedentes y sanciones que facilite el escrutinio público”.

Las organizaciones ambientales proponen la creación de un “Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, accesible, en línea y actualizado, que permita mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, evitar que empresas con antecedentes de pesca ilegal accedan al caladero, facilitar el monitoreo social y fortalecer la sostenibilidad del recurso pesquero”.

“Sin transparencia, los mismos errores (voluntarios o involuntarios) pueden repetirse. El caso Univpesca evidencia una contradicción directa con el artículo 27 bis y muestra que la falta de acceso a información pública permite que decisiones administrativas incumplan la ley. Sin transparencia sobre las flotas y las pesquerías, estos casos pueden repetirse”, afirmó Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales.

El informe detalla cómo la opacidad sobre los datos de embarcaciones y permisos pesqueros dificulta el control efectivo de las flotas y su actividad.

“En Argentina, la información oficial sobre buques, permisos y pesquerías se encuentra dispersa entre distintos organismos y no todos los datos son abiertos y de fácil acceso.  A diferencia de otros países de la región no tenemos un registro o lista publica que centralice, actualice y facilite el acceso a los datos de la flota pesquera”afirmó por su parte Juan Coustet coordinador de investigación de Sin Azul No Hay Verde.