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Este lunes, el fiscal federal Ramiro González pidió que el expresidente Alberto Fernández sea citado a declaración indagatoria en el marco de una causa por presunta violencia de género, tras la denuncia presentada por su ex pareja, Fabiola Yañez.
En el dictamen, González detalló una serie de acusaciones graves, que incluyen “lesiones leves y graves doblemente agravadas” y “coacciones” para que Yañez no llevara los hechos ante la justicia. La decisión final sobre la citación de Fernández queda ahora en manos del juez federal Julián Ercolini.
La imputación detalla acusaciones de “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama –también doblemente agravada– y el delito de coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia”, especificó el fiscal en su presentación.
González argumentó que “el análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación”. Según el fiscal, las pruebas apuntan a que Fernández habría ejercido violencia psicológica, física y económica, lo cual encuadra en la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. En sus palabras, “en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yañez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
En el dictamen, González destacó que estas conductas habrían afectado profundamente la salud de Yañez y remarcó que “la relación estuvo marcada por una desigualdad de poder que colocaba a la víctima en una posición de vulnerabilidad”. Por estos cargos, el fiscal detalló que la condena podría alcanzar hasta 18 años de prisión si se prueban los delitos imputados.
El juez federal Julián Ercolini tendrá la última palabra en cuanto a la citación, aunque ya ha convocado a Fernández para declarar en otra causa el próximo 20 de noviembre, vinculada a posibles irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas durante su administración.
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