RUMBO ECONÓMICO

Presupuesto 2021: se prevé un crecimiento del 5,5 por ciento

El ministro de Economía Martín Guzmán lo presentará la semana que viene en la Cámara de Diputados de la Nación. La inflación prevista será del 29 por ciento y el crecimiento de la inversión se estima en un 18 por ciento.

Por Sebastián Premici


El Día P(resupuesto) llegó. Tal como está establecido por ley, este martes ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Leyes 2021. Para el próximo año se prevé un crecimiento del 5,5 por ciento, una inflación del 29 por ciento y un tipo de cambio promedio (a diciembre) a 102,4 pesos. Según el Gobierno Nacional, será un presupuesto para la recuperación económica. El crecimiento de la inversión se estima en un 18 por ciento.

“Se apunta a construir un modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos que reúna en simultáneo 5 condiciones estructurales: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía”, señalaron desde el área que conduce Martín Guzmán.

La caída del PBI para este año rondará el 12 por ciento, un resultado que está en línea con lo señalado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para el conjunto de los países de la región. El PBI de Estados Unidos caería este año un 6,5 por ciento, mientras que el promedio global de caídas sería del 5,2 por ciento. No fueron las medidas de aislamiento las que agudizaron la crisis global, fue la pandemia.

Frente a este 2020 para el olvido, el Gobierno Nacional imagina una fuerte recuperación con una proyección del crecimiento del PBI del 5,5 por ciento. Para alcanzar este resultado, el Estado será el gran promotor de la inversión. Según Guzmán, el déficit fiscal proyectado será del 4,5 por ciento del PBI.

“Es un nivel que apunta a garantizar una recuperación sostenible de la actividad y el empleo y un fortalecimiento de la inversión pública en áreas estratégicas. Es un nivel adecuado y asequible en términos de financiamiento, compatible con la estabilidad y consistencia macroeconómica”, sostuvo el ministro Guzmán.

Otro de los pilares será la infraestructura productiva y social, para la generación de empleo y la competitividad de las empresas. “Duplicaremos la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $835.000 millones o 2,2% del PBI”, agregaron desde Economía.

Según la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), los próximos pasos que deberían darse para alcanzar un crecimiento sostenido deberían incluir una “política de gasto público direccionada hacia sectores que maximicen el empleo y minimicen la demanda de dólares”, como la obra pública.

Por otro lado, la apuesta del Gobierno es aumentar las exportaciones cerca del 10 por ciento (frente a una caída del 14 por ciento para este año). La cartera de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, tiene en carpeta un proyecto para reducir los derechos de exportación para los bienes industriales, con el objetivo de frenar la primarización de la economía y aumentar la canasta exportadora.

Los otros proyectos

En la Comisión de Hacienda y Presupuesto que conduce Carlos Heller también comenzó el debate sobre el Aporte Solidario (una norma que recae sobre las mayores fortunas del país) y la iniciativa que buscará blindar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El proyecto de ley de Defensa de los Activos del FGS del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA) será central ya que permitirá refinanciar deudas entre las provincias y la ANSeS. A la vez, se establece un nuevo mecanismo para pagar la reparación histórica para evitar la venta de activos del FGS. El otro objetivo es que pueda priorizarse el financiamiento de procesos productivos y de infraestructura, tal como ocurría hasta 2015, antes de la llegada del macrismo a la Casa Rosada.

Y el tercer tema de alto voltaje político económico que inició su tratamiento ayer fue el Aporte Solidario, un tributo excepcional que alcanza a las 12.000 principales fortunas del país. Sólo estarán incluidos los que posean una riqueza superior a los 200.000 millones de pesos, que deberán pagar una alícuota del 2 por ciento. Se estima que podrían recaudarse 300.000 millones de pesos.

Para fin de mes también debería ingresar al parlamento la nueva fórmula de la actualización jubilatoria que estará más cerca de la que se había fijado en 2008

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