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La propuesta busca agilizar decisiones vinculadas a la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes —como viajes, tratamientos de salud o cuestiones educativas— cuando uno de los progenitores incumple con sus obligaciones.
En ese marco, el Congreso recibió el pasado 30 de marzo un proyecto de ley conocido como “Ley Cazzu”, que plantea la suspensión provisoria de la responsabilidad parental en casos de incumplimiento. La iniciativa fue impulsada por el senador Carlos Linares junto a la organización Abogadas Feministas AMBA, con el objetivo de destrabar decisiones que hoy quedan paralizadas por la falta de acuerdo entre las partes.
El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para habilitar una intervención judicial rápida en situaciones concretas. Podría aplicarse cuando se registre la falta de pago de al menos tres cuotas alimentarias consecutivas —o seis alternadas— o ante una ausencia sostenida, ya sea presencial o virtual, durante un período mínimo de tres meses.
De esta manera, el progenitor que tiene a su cargo el cuidado efectivo podría tomar decisiones sin depender de la autorización de quien no cumple. Esto incluye desde permisos para salir del país hasta trámites administrativos, médicos o escolares.
Desde la organización impulsora remarcan que no se trata de una quita definitiva de derechos, sino de una herramienta temporal frente a situaciones de incumplimiento grave. “El Estado debe contar con herramientas eficaces para evitar que esa titularidad formal se transforme en una barrera para el desarrollo de los hijos”, señalaron.
El origen del proyecto y su impacto mediático
La iniciativa toma su nombre de Cazzu, nombre artístico de Julieta Cazzuchelli, quien hizo público un conflicto con su expareja, el cantante Christian Nodal, en torno a la autorización para viajar con su hija.

Tras la separación en 2024, uno de los principales puntos de disputa fue la posibilidad de que la niña pudiera salir del país. Por su actividad profesional, la artista necesita trasladarse con frecuencia, pero la falta de acuerdo derivó en trabas legales.
En una entrevista, Cazzu relató una situación ocurrida durante una mediación: “Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’”. Su testimonio amplificó el debate y trasladó la discusión al ámbito político.
Antecendente internacional
El antecedente más cercano surgió en México, donde la diputada Sandra Arreola Ruiz presentó un proyecto con un enfoque similar en el estado de Michoacán, priorizando el interés superior del niño frente a situaciones de incumplimiento parental.
“La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora. Ese enfoque fue retomado en Argentina, donde la propuesta busca limitar la capacidad de decisión de progenitores que no cumplen con deberes básicos, tanto económicos como vinculares.
La dimensión del problema en cifras
Los fundamentos del proyecto incluyen datos que reflejan la magnitud del problema. En Argentina, el 16% de los hogares son monoparentales y más de ocho de cada diez están encabezados por mujeres. En ese contexto, más de tres millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares monomarentales.
Además, más de la mitad de las madres no recibe cuota alimentaria cuando el padre no convive. Si se suman los casos de pagos irregulares, el porcentaje asciende al 68%. En la provincia de Buenos Aires, el 66,5% no percibe aportes o los recibe de manera esporádica.
El proyecto también pone el foco en prácticas como la obstrucción parental —cuando se utilizan derechos formales para bloquear decisiones— y la violencia vicaria, en la que los hijos son utilizados como herramienta de control.
Qué dice la ley actual y por qué se busca cambiarla
El Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, priorizando desde la reforma de 2015 el esquema de cuidado compartido.
Sin embargo, los impulsores del proyecto advierten que en la práctica esa corresponsabilidad no siempre se cumple. En muchos casos, el ejercicio formal conjunto convive con incumplimientos sostenidos en la manutención, el cuidado y el vínculo.
De avanzar en el Congreso, la “Ley Cazzu” podría introducir un cambio significativo en el abordaje legal de la responsabilidad parental, con el objetivo de dar respuestas más ágiles a conflictos que hoy impactan en la vida cotidiana de miles de familias.
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