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El presidente Javier Milei oficializó este jueves una profunda reforma migratoria en Argentina a través del Decreto 366/2025, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Migraciones N.º 25.871. La medida afecta directamente a los extranjeros que residen o planean radicarse en el país, e incluye cambios en los requisitos de residencia, el acceso a la salud pública, a la educación y hasta la posibilidad de obtener ciudadanía por inversión.
Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “fortalecer el control migratorio, garantizar la seguridad pública y ordenar el acceso a los recursos del Estado”, en línea con el plan de austeridad y reorganización institucional impulsado desde Casa Rosada.
Requisitos para ingresar y permanecer en Argentina
- Uno de los cambios centrales de la reforma migratoria 2025 es la exigencia de una declaración jurada obligatoria para ingresar al país. Los extranjeros deberán detallar los motivos de su entrada y comprometerse a no desvirtuarlos.
- Además, se refuerzan los controles de documentación: todo documento presentado deberá ser auténtico y veraz. Quienes ingresen con papeles falsos o de manera irregular serán pasibles de sanciones más duras, incluyendo la expulsión inmediata del territorio nacional.
Residencia y acceso a derechos: nuevas categorías migratorias
- La normativa introduce nuevas categorías de residencia y redefine los derechos según el estatus migratorio. Solo los extranjeros con residencia permanente tendrán garantizado el acceso pleno y gratuito a todos los servicios públicos.
- Para quienes cuenten con residencia temporaria o estén en situación migratoria irregular, el acceso será más restringido y dependerá de su situación específica. No obstante, la ley establece que la atención en salud y educación básica no podrá ser denegada en casos de emergencia o urgencia.
Educación: qué cambia para los estudiantes extranjeros
- Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el impacto en el acceso a la educación pública. El decreto garantiza que todos los menores, incluso en situación migratoria irregular, serán admitidos en los niveles inicial, primario y secundario, tanto en escuelas públicas como privadas.
- Sin embargo, para la educación universitaria y superior, se habilita a las universidades estatales a cobrar aranceles a los extranjeros sin residencia permanente. La educación superior gratuita quedará reservada para argentinos y residentes permanentes, aunque las instituciones podrán ofrecer becas especiales mediante convenios internacionales o estatutos particulares.
Sistema de salud: cambios en la atención médica para extranjeros
- La reforma migratoria establece que los hospitales públicos nacionales solo prestarán atención médica regular a extranjeros mediante presentación de seguro de salud o previo pago del servicio, salvo en situaciones de emergencia, en las que la atención no podrá ser negada.
- Este cambio busca “optimizar el uso de los recursos sanitarios”, según lo indicado por el Ministerio de Salud, y obliga a los inmigrantes a contratar un seguro médico privado o abonar por cada prestación recibida en hospitales de gestión estatal.
Ciudadanía por inversión: cómo funcionará el nuevo programa
- Otro punto destacado del Decreto 366/2025 es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que ofrecerá ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones significativas en el país.
- La propuesta apunta a atraer capital extranjero y fomentar el desarrollo económico. Si bien los criterios específicos aún serán definidos por el Poder Ejecutivo, el Gobierno anticipó que se priorizarán inversiones en infraestructura, tecnología, energía y sectores productivos.
¿A quiénes afecta la reforma migratoria y cuándo entra en vigencia?
- La reforma ya se encuentra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Afecta a todos los extranjeros que:
- Desean ingresar al país por turismo, estudio, trabajo o residencia permanente.
- Ya residen en Argentina y deberán actualizar o revisar su estatus migratorio.
- Pretendan acceder a servicios estatales como salud, educación y seguridad social.
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