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Este jueves, el Gobierno nacional anunció que disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional, para “concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa”, canalizando dicha asistencia a través de la SUBE, informó la Secretaría de Transporte de la Nación.
De igual manera, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.
La determinación impactó de lleno en las provincias y en Santa Cruz las repercusiones no tardaron en llegar. Es así que este viernes, el Municipio de Río Gallegos, bajo el Decreto 863/24 firmado por el intendente Pablo Grasso y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, firmó el estado de “Emergencia del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros” en la ciudad.

Esta decisión del Ejecutivo municipal es consecuencia de la quita de subsidios al transporte público que realizó el Gobierno nacional en todo el territorio y “que impactará irremediablemente sobre el precio y costo del boleto, afectando aún más la economía de nuestros vecinos”, argumentaron al cierre de esta semana.
Es de recordar que el pasado 12 de diciembre el municipio de Río Gallegos habilitó un aumento del boleto que pasó de $ 90 a $ 197. “Esto configura el primer aumento en la tarifa desde el mes de enero de 2023, es decir que durante once meses la Municipalidad absorbió todas las subas que se fueron dando“, explica el decreto.
“Existe la determinación de profundizar las asimetrías en la distribución de recursos económicos nacionales a las provincias”, señala, en otro tramo, en referencia a la quita del Fondo Compensador del Interior que, entienden, es en represalia por la fracasada Ley Ómnibus.
“Para el Gobierno nacional, hay usuarios de primera y de cuarta, evidentemente para ellos el interior es de cuarta, no está en la agenda y realmente hay muchas empresas que no van a poder continuar prestando servicio y nosotros somos una de ellas, si no logramos encontrar una solución a este problema, yo dudo que podamos continuar con el servicio”, afirmó más temprano el propietario de CityBus, Ariel Ledesma.
“Estamos hablando de un boleto en el orden de los 900 pesos, con lo cual es un boleto que para muchas personas va a ser inaccesible y esto es lo que hay que trabajar de cara a lo que se viene”, señaló al cierre.
Emergencia y deuda de mayor a los $ 100.000.000
Desde el Municipio se informó que en “febrero del 2023 la prestataria recibió la última percepción del Fondo Compensador, provocando a la fecha una deuda que supera los $ 100.000.000”; “resulta imperioso declarar el estado de emergencia municipal en el transporte urbano de pasajeros y adoptar todas aquellas medidas extraordinarias y urgentes que resulten conducentes a garantizar la permanencia del funcionamiento óptimo del servicio de transporte”.
Asimismo, desde la comuna aseguraron que la definición política del Gobierno nacional de dar de baja los aportes estatales “surge como represalia del Poder Ejecutivo a las provincias del interior ante la caída del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus“. En esta línea, la gestión de Grasso agregó que “se puso de manifiesto una vez más que existe la determinación de profundizar las asimetrías en la distribución de recursos económicos nacionales a las provincias y que, para el caso del sector transporte, vuelve a ubicar al AMBA en situación de privilegio, donde, según estimaciones consignadas a enero de 2024, un boleto promedio en el interior costaba 3,1 veces más que el boleto mínimo que se pagaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.
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