Romina Saúl: “Bajar la edad o endurecer las penas, no son soluciones eficaces”

La Defensora General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Romina Saúl, ratificó el pronunciamiento en contra del proyecto de ley que busca bajar a 13 años la edad de imputabilidad a los menores, tal como lo adelantó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona el pasado 31 de mayo en los micrófonos de LU12 AM680.

Ya La Opinión Austral había adelantado -en la edición del domingo- el rechazo a la propuesta de ese ministerio Público de la Defensa que comenzó a ser discutida la semana pasada en un plenario de comisiones en el Congreso de la Nación. Afirmaron que bajar la edad significa un “claro retroceso“, haciendo ingresar a más jóvenes a la órbita de la punición, “lo cual debería ser la última respuesta del Estado frente a la comisión de un ilícito“.

Este lunes, entrevistada en la “Decana de la Patagonia“, fue la propia Saúl la que argumentó los motivos por los que se oponen a cambiar la Ley Penal Juvenil. La abogada tiene a cargo las Defensorías Públicas Oficiales, distribuidas en todo el territorio provincial. “Elaboramos un documento con todas las observaciones que vemos en relación a este anteproyecto que ya se presentó al Congreso para su estudio”, comenzó.

Asimismo, la Defensora indicó que este escrito fue compartido por todos los Defensores Oficiales, “los cuales adhirieron al mismo, expresándose coincidentemente, porque básicamente hay puntos esenciales que observamos”, como, en primer lugar, “bajar la edad o endurecer las penas como se establece en este proyecto, no son soluciones eficaces“, dijo.

Más adelante, Saúl afirmó que la función de las Defensorías Públicas Oficiales se encargan de garantizar Derechos Humanos y asistencia jurídica a personas en situación de vulnerabilidad. Recordó que las Reglas de Brasilia, es un instrumento internacional que establece el acceso a la justicia de este rango de personas, “claramente define a los niños, niñas y adolescentes como un sector de vulnerabilidad”.

“Nosotros entendemos que no es la solución (bajar la edad de imputabilidad), sino, impulsar una agenda política de medidas de inclusión para los niños, niñas y adolescentes, que es lo que va a bajar la criminalidad o la violencia, ya sea social o familiar”, sintetizó la funcionaria judicial.

 “Hay una frase que dice que ningún niño nace chorro” por lo que detrás de cada uno de ellos que está en conflicto con la Ley Penal, “hay siempre adultos, ya sea que le proporcionan las armas, el crimen organizado, el narcotráfico”, e incluso señaló que hay una confusión con las estadísticas: “Es un número muy reducido de chicos y chicas que están involucrados en delitos graves“.

Romina Saúl también puso el acento en el tema carcelario argentino. “El anteproyecto establece un régimen especial, con una justicia especializada, esto significa no solamente jueces sino defensores y fiscales” pero “lo que nos hace ruido es que hoy todas esas herramientas no las tenemos” y, de hecho, “hay políticas contradictorias porque se dieron de baja programas económicos que estaban destinados a los chicos y chicas, como la PAE, que estaba destinado a chicos que se externan sin cuidados parentales”. Por lo que “los chicos van a empezar a ser encerrados, antes que haya alojamientos especiales para ellos, o justicia especializada”, mencionó sobre los lugares de detención.

Retoma el debate

Cabe recordar que el proyecto que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años continuará siendo debatido en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El segundo encuentro para debatir este tema será este martes a las 12:00 en el Anexo “C” en el que expondrán los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. En total serán seis los expedientes que se pondrán sobre la mesa, sumado al enviado por el Ejecutivo.

Esta será la segunda reunión de carácter informativa, ya que en la primera expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio: y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

Los funcionarios defendieron la iniciativa al informar que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes“, remarcaron la necesidad de modificar la ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.