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La Cámara de Diputados de la Nación sufrió un duro traspié este miércoles tras fracasar la sesión especial convocada para tratar dos de los proyectos más sensibles de la agenda legislativa del oficialismo: la denominada “Ley Malvinas” (Defensa de la Soberanía Nacional) y la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Al no alcanzar los 129 legisladores necesarios en el recinto, asistieron 126 legisladores, la sesión se cayó y dejó en evidencia las profundas rispideces y la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas.

El temario tenía como eje central el proyecto de soberanía sobre el Atlántico Sur, una iniciativa que venía envuelta en fuertes polémicas y cruces políticos. En este marco, durante las entrevistas y deliberaciones previas al debate, la diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato había lanzado duras advertencias contra la iniciativa del Gobierno.

La tapa del diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre con el anuncio de Javier Milei.

En declaraciones a La Opinió Austral, Propato cuestionó severamente el contenido del texto oficialista al señalar que, bajo el rótulo de una causa tan cara para el sentimiento nacional, el proyecto introducía un mecanismo de flexibilización y una suerte de “amnistía encubierta” para las empresas petroleras y los actores económicos que operaron en la zona de las islas sin la habilitación argentina. La legisladora opositora advirtió que resultaba una contradicción inadmisible que, mientras discursivamente se reclama por los derechos soberanos en instancias internacionales, la normativa interna termine beneficiando y liberando de sanciones a las mismas firmas involucradas en el expolio de los recursos naturales en el archipiélago.

A estas diferencias de fondo en torno a la ley de soberanía se sumó la resistencia opositora frente a los cambios propuestos en materia monetaria, lo que dinamitó los puentes de negociación parlamentaria previos. Sin los consensos indispensables ni el número de bancas asegurado, el oficialismo debió dar marcha atrás en una jornada clave, dejando en suspenso el futuro inmediato de ambos expedientes en el Congreso.

La oposición se ausentó en el recinto legislativo.

Qué dice el proyecto

El proyecto oficialista, denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y planteado como una reforma a la Ley 26.659, buscaba modificar el marco regulatorio que rige sobre la exploración y explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina y la Cuenca Malvinas. Entre sus puntos principales, la iniciativa ampliaba el alcance de la normativa vigente a todos los recursos naturales de las islas y sus espacios marítimos, dejando de limitarse exclusivamente a la actividad hidrocarburífera.

El eje más controvertido de la propuesta era la incorporación de un régimen de desistimiento y regularización destinado a las empresas infractoras que operan sin autorización argentina en la zona. Bajo este esquema de colaboración, las firmas que desistieran de sus actividades ilegales lograban extinguir la acción penal y las inhabilitaciones vigentes, reduciendo la sanción al pago de una multa. Además, la ley habilitaba a las compañías que adhirieran a este proceso a invertir y explotar recursos dentro de la plataforma continental argentina, permitiéndoles incluso acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Por último, el dictamen recortaba el alcance de la figura del sujeto infractor, excluyendo de las penalidades a los fondos de inversión y entidades de financiamiento. Asimismo, establecía exenciones de prohibiciones, multas e inhabilitaciones para determinadas compañías según su composición y participación accionaria.

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