Se presentó una medida cautelar contra el desfinanciamiento de la Educación Técnica

Se presentó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una medida cautelar en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas.

El artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 es inconstitucional porque viola principios básicos del orden constitucional argentino y desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

El primer vicio grave del artículo 30 de la nueva Ley de Presupuesto es formal e institucional. Una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales, como lo son: la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

El presupuesto que presentó Javier Milei y fue convertido en ley por el Congreso de la Nación “tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales. Usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”.

Santa Cruz

Rodrigo Gojan, exdirector provincial de Educación Técnica, manifestó por LU12 AM680 su preocupación por el presupuesto destinado a la enseñanza técnica. Marcó que una “ley de presupuesto intente anular una ley específica de financiamiento sienta un precedente institucional peligroso que no se debe dejar pasar, ya que vulnera derechos consolidados que muchas veces la sociedad no alcanza a dimensionar”.

El exfuncionario destacó que la actual “Ley de Educación Técnica ha sido el motor de grandes obras de infraestructura en Santa Cruz, mencionando específicamente las mejoras en el EICO N° 1 y los industriales N° 4 y N° 6″. Además de los edificios, “subrayó que este marco legal permitió la titulación de cerca de cien docentes técnicos en la provincia y garantizó la terminalidad educativa de muchos jóvenes, además de financiar viajes de estudio y experiencias de intercambio regional”.

Gojan fue enfático al comparar el presente con la década del 90, época en la que le tocó cursar sus estudios. Recordó que en aquel entonces las escuelas técnicas sobrevivían con los desechos de las empresas, mientras que hoy la ley garantiza el acceso a tecnología de punta y equipamiento moderno. Para él, perder este fondo implicaría un retroceso crítico en la formación de calidad que requieren los estudiantes para el mundo laboral actual.

Respecto al camino judicial,  se mostró optimista debido al trabajo de referentes nacionales con amplia experiencia, como Gerardo Marchesini. Sostuvo que el planteo ante la justicia es sumamente razonable, ya que busca proteger un consenso histórico que no debería ser borrado por una decisión presupuestaria. Remarcó que el aporte del 0,2% del PBI no es para gastos menores, sino para sostener las olimpiadas de conocimiento, los traslados y el diseño de currículas que respondan a las necesidades reales de cada región.

Finalmente, reconoció el enorme esfuerzo que vienen realizando los docentes y las familias a través de las cooperadoras para sostener el día a día. Sin embargo, advirtió que sin el flujo de fondos nacionales será imposible mantener la actualización tecnológica constante que exige la educación técnica, poniendo en riesgo años de inversión y el futuro profesional de los jóvenes santacruceños.