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El presidente Javier Milei anunciaría este jueves mediante una cadena nacional el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley destinado a sancionar a las empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin la debida autorización de la República Argentina, según confirmaron fuentes cercanas al Gobierno a la agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa legislativa se encuentra vinculada de manera directa con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la firma británica Rockhopper Exploration junto a la compañía israelí Navitas Petroleum, el cual contempla la explotación de recursos hidrocarburíferos en aguas contiguas al archipiélago.
El desarrollo de esta iniciativa petrolera reabrió el debate sobre las actividades económicas no autorizadas en el área en disputa. En ese marco, la propuesta oficial contempla aplicar sanciones concretas a las empresas radicadas en la Argentina que presten apoyo logístico o servicios a aquellas compañías que operen en las islas sin el aval del Estado nacional.
Este anuncio presidencial se producirá tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a revisar su posición histórica sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El mandatario estadounidense sostuvo que “siempre revisó todas las posiciones” y calificó la postura sobre el archipiélago como “apenas una entre muchas”, en referencia a la posibilidad de modificar el respaldo tradicional de Washington hacia el Reino Unido.
En este escenario, Milei anticipó las gestiones como un hecho “muy fuerte” para la causa de la soberanía nacional. El mensaje que se emitirá este jueves buscará reconfirmar el reclamo argentino sobre el territorio, manifestar el rechazo categórico a la explotación unilateral de recursos naturales y ratificar la vía diplomática como el único camino para la recuperación de las islas.
Antecedentes
En el plano provincial, el Gobierno de Tierra del Fuego formalizó una denuncia y repudió la presencia del buque petrolero de bandera británica VS Promise en el puerto de Ushuaia, el cual se encuentra intervenido por la administración nacional. Las autoridades fueguinas cuestionaron la operatoria de la embarcación y exigieron al Poder Ejecutivo nacional que aclare los criterios normativos bajo los cuales se autorizó el amarre.
Desde el Ejecutivo provincial calificaron el episodio como “inadmisible”, argumentando la gravedad de que un buque con la bandera del Reino Unido opere en la capital fueguina mientras el país europeo mantiene la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. En respuesta a los señalamientos, desde el Gobierno aclararon que el VS Promise es un buque de carga que operó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen, en el norte de la isla, y que su paso por Ushuaia tuvo como único fin el aprovisionamiento.
Respecto de esta situación, en diálogo con la emisora LU12 AM680, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, detalló los alcances del operativo, las responsabilidades de la intervención nacional y el contexto geopolítico de la maniobra.
El funcionario provincial puntualizó que la embarcación formaba parte de un proceso formal de exportación llevado a cabo por los consorcios petroleros que operan en el norte de la isla. Asimismo, aclaró que la intervención de la provincia se circunscribe a la certificación de origen para controlar el volumen del crudo exportado y emitir el certificado correspondiente, remarcando que dicha tarea no valida la bandera del buque, cuya maniobra de carga mediante monoboya resulta de competencia exclusiva de las autoridades nacionales.
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