Soberanía: Tierra del Fuego advierte sobre una “trampa jurídica” en la pesca del Atlántico Sur y pide derogar una ley clave

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, encendió las alarmas sobre los riesgos geopolíticos que supone para la República Argentina la vigencia de la Ley Nacional N.º 25.290. La norma, sancionada por el Congreso Nacional, aprobó el Acuerdo de Nueva York de 1995 sobre Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), un esquema internacional diseñado para administrar recursos transzonales en alta mar.

De acuerdo con el funcionario provincial, la aplicación de este marco multilateral en el Atlántico Sudoccidental esconde una amenaza directa a los intereses soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El punto central del conflicto radica en la categoría de “Estado ribereño” que contempla el acuerdo.

Al integrarse a este tipo de organismos multilaterales de gestión pesquera, la Argentina corre el riesgo de que el Reino Unido exija ser reconocido formalmente bajo esa misma condición de “Estado ribereño”, sosteniéndose sobre la base de su ocupación ilegal en el archipiélago y perdiendo el país la capacidad de decidir de manera soberana sobre sus propios recursos.

Aviso diplomático

Desde la perspectiva técnica y diplomática que sostiene la postura fueguina, sentarse en una misma mesa de negociación pesquera bajo este formato multilateral implicaría una validación de facto de la presencia británica en las aguas del Atlántico Sur. Un paso de esta naturaleza tiraría a la basura décadas de argumentación diplomática argentina, donde se rechaza categóricamente cualquier estatus jurídico que pretenda otorgarle derechos de soberanía o jurisdicción marítima a los ocupantes.

Si bien la Argentina todavía no ratificó formalmente el Acuerdo de Nueva York a nivel internacional, la vigencia de la Ley 25.290 representa una autorización legislativa preexistente. Esto significa que cualquier administración en el Poder Ejecutivo Nacional conserva la facultad de concretar la ratificación definitiva en cualquier momento.

Frente a esta vulnerabilidad institucional, Dachary remarcó que la única vía efectiva para “cerrar definitivamente esa puerta” y desactivar esta “bomba institucional” es la derogación lisa y llana de la Ley Nacional N.º 25.290. La iniciativa apela directamente a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación para anular la normativa, blindar la postura del país sobre sus recursos pesqueros y consolidar la defensa irrestricta de la soberanía en la región.