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La exsubsecretaria de Energía, Cecilia Garibotti, encendió las alarmas sobre el impacto que están teniendo las políticas del gobierno nacional en el acceso a la energía, en especial para los sectores más vulnerables. En diálogo con Rivadavia AM630 advirtió que “las tarifas han subido por encima de la inflación”, y cuestionó la reciente desregulación total del precio de las garrafas, clave para millones de familias que no tienen acceso al gas por red.

“Todos los meses hay un aumento que supera el ritmo inflacionario, tanto en generación como en distribución”, señaló Garibotti, remarcando que la situación golpea aún más en el interior del país, donde los servicios son más caros y los subsidios, más escasos.

Pero el eje más delicado está puesto en las garrafas de 10 y 12 kilos, que “son las más usadas por las familias de menos recursos”. Hasta ahora, el Estado regulaba parcialmente este mercado e incluso ofrecía un precio de referencia. Sin embargo, el Gobierno decidió eliminar también esa referencia, dejando a los consumidores totalmente desprotegidos frente a los abusos.

Subas en garrafas: advierten que las tarifas aumentaron más que la inflaciónSubas en garrafas: advierten que las tarifas aumentaron más que la inflación

“El precio subió entre un 10% y un 20% en las últimas semanas”, explicó Garibotti. Y agregó: “En enero ya habían anunciado que se liberaban los precios, pero al menos seguían publicando un valor de referencia que servía como guía. Ahora, ni eso”.

La exfuncionaria apuntó que incluso desde una perspectiva liberal, eliminar la información de precios no tiene lógica: “Desde cualquier punto de vista, incluso liberal, la transparencia de precios es clave. Si no hay referencia, el consumidor no puede defenderse”.

La situación es particularmente crítica para las zonas alejadas de los centros urbanos, donde el acceso a la red de gas natural es limitado o inexistente. En esos casos, la garrafa es la única alternativa. “Tenemos un país enorme, con poblaciones muy dispersas. Llegar con gas por red es difícil, pero el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la energía. Si no es gas, debe ser electricidad segura o alternativas accesibles”, planteó.

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