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El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas con “el fin de ampliar la oferta, mejorar la competencia y transparencia en el sector de telecomunicaciones, enfocadas en la protección de los derechos de los usuarios y en la optimización de los recursos públicos”.
En este marco, la administración de Javier Milei decidió avanzar en el proceso para “disponibilizar” los 100 MHz de espectro reservado a Arsat y los 50 MHz en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para ser destinados al desarrollo del servicio 5G en el país. Con esta medida, “se busca aprovechar activos no utilizados, generar más oferentes y que el oligopolio actual funcione en condiciones de mercado, lo que permitirá impulsar inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio de telecomunicaciones y generar un entorno de mayor competencia”, indicaron desde Gobierno.
Por último, el Gobierno señaló que “las auditorías realizadas en el año 2019 y 2020 sobre ENACOM relevaron serias irregularidades en sus tareas de control; las empresas Telecom y Telefónica adeudan más de $3.000 millones en concepto de aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (SSSU), y el organismo falló en intimarlos e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas”.
“Frente a estos hallazgos, el Estado Nacional ha decidido realizar un relevamiento integral de todos los contratos vigentes en el sector de telecomunicaciones“, anunciaron.
Las respuestas de Telefónica y Telecom
En este marco, fuentes de Telefónica aseguraron que se “ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el Servicio Universal”. Y señalaron a La Nación: “Desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario hizo los pagos correspondientes. Cumplió desde el origen con los programas definidos en la regulación vigente en cada momento y presentó al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite”.
En tanto, fuentes de Telecom indicaron que la empresa “cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo”, y añadieron: “Sólo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000.000.000″
Respecto a la referencia a una deuda de $3000 millones al Fondo de Servicio Universal, dijeron que “Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”, y que la firma “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las Declaraciones Juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.
En tanto, otras fuentes del sector, citadas por la periodista María Julieta Rumi para La Nación, tildaron los anuncios de “popurrí de temas con dos cosas concretas: la futura licitación de 150 Mhz para 5G y el pago de IVA para equiparar al sector periodístico con otros”. Respecto de los aportes de Telecom y Telefónica al FFSU explicaron que es “un tema de vieja data”, ya que las empresas dieron planes de conectividad a jubilados a principios de los 2000 que consideraron aportes al fondo, mientras que el Estado no, y luego reclamó los importes. “En algún momento esto se va a resolver, porque corren intereses y, si las empresas no pagan, en última instancia pueden perder la licencia”, apuntaron.
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