Tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por contratar empleados del Estado como jardinero y niñera en su casa

Un tribunal de Chubut condenó a Cecilia Torres Otarola, exministra de Familia durante la gestión de Mariano Arcioni, a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua. La sentencia incluye el pago de las costas del proceso y el cumplimiento de reglas de conducta, como mantener su domicilio fijo, no cometer nuevos delitos y evitar el abuso de alcohol o sustancias.

El caso, conocido como “ñoquis calientes”, expuso un esquema de contrataciones irregulares dentro de la estructura estatal. Según la investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Torres Otarola utilizó su posición para designar a empleados estatales en funciones inexistentes, pero que en realidad trabajaban en su casa.

Además de la exfuncionaria, otras cuatro personas recibieron condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, incluyendo a colaboradores cercanos que figuraban como empleados estatales, pero realizaban tareas privadas. Entre los condenados están Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles.

La fiscalía, encabezada por Omar Rodríguez, demostró que Torres Otarola también obligaba a ciertos empleados a devolver parte de sus salarios como una condición para ingresar a la nómina estatal. Esta práctica, conocida como “concusión”, se sumó a las imputaciones de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

El escándalo provocó una revisión masiva de los empleados estatales en Chubut, liderada por el actual gobernador Ignacio Torres, que derivó en la separación de casi 200 funcionarios sospechosos de irregularidades.

Torres Otarola fue apartada del cargo en julio de 2020 tras las primeras denuncias. Desde entonces, su caso se convirtió en símbolo de los cuestionamientos hacia la gestión de recursos públicos en Chubut. La sentencia, que rechaza también cualquier solicitud de reparación económica por parte de las querellas, establece un mensaje claro contra el uso indebido de cargos públicos y el desvío de fondos estatales.