Unos 900.000 contribuyentes podrían ingresar a la moratoria

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados postergó por una semana la firma del dictamen para la ampliación de la moratoria tributaria, con el objetivo de conseguir más consenso para su aprobación. Parte de la oposición, nucleada en Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, reclamó la ampliación de los plazos para acceder al régimen, un “premio” a los contribuyentes cumplidores y la exclusión de las empresas en quiebra. Según datos oficiales, existe un potencial universo de 900.000 contribuyentes en condiciones de ingresar a esta moratoria.
“Este proyecto tiene un doble propósito. Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras; pero al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que se ha caído de manera notable”, sostuvo Carlos Heller (FdT), titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

La moratoria, el plan de obra pública y el Procrear forman parte de la post pandemia.

Las caídas reales de la recaudación -deflactada por la inflación- avanzaron a medida que se profundizó la pandemia y las medidas para contenerla: -11,4 por ciento en marzo, -17,9 por ciento en abril, -25,9 por ciento en mayo y otros 20 puntos negativos el mes pasado.
Los bajos niveles de recaudación se explican por el freno de la actividad. En mayo, la industria manufacturera se contrajo un 26,4 por ciento. Pero tal como publicó La Opinión Austral el martes, la crisis no sólo ocurre en el país. Según un informe presentado en la comisión de Presupuesto y Hacienda por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en Brasil la industria cayó un 22 por ciento en mayo y en Estados Unidos lo hizo por 16 puntos.
“La moratoria le permite a quien está en una situación irregular, regularizar su situación, pero al mismo tiempo esa regularización tiene una condición, que es el cumplimiento hacia adelante de las obligaciones”, agregó Heller antes de anunciar que el dictamen se firmaría recién la semana que viene.

Herencia

Según el informe presentado por Kulfas, el deterioro económico protagonizado por el macrismo entre 2018 y 2019 generó que en el último año hubiera 18 mil empresas menos que en 2015. En diciembre del año pasado, el stock de crédito a empresas fue un 20 por ciento inferior al registrado tras la finalización del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Esto equivale a hablar de la destrucción masiva de puestos de trabajo e incremento de la pobreza, que pasó del 29,8 por ciento en 2015 al 35,5 por ciento en 2019.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la caída económica para Argentina este año será del 10 por ciento de su PBI. Para este organismo, los países fuertemente endeudados son quienes deberán enfrentar las peores condiciones económicas.
El macrismo multiplicó la deuda externa del país, la mayoría de ella nominada en dólares. De los 66.000 millones de dólares que deben reestructurarse, 41.000 millones fueron emitidos por la anterior administración.

Los números

Según datos del Gobierno, existe un universo de 900.000 contribuyentes con posibilidades de ingresar a la moratoria. Desde el inicio de la pandemia y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio -como único método de control epidemiológico masivo-, el Estado implementó una batería de medidas pensadas para sostener fuentes laborales, evitar el cierre de empresas, asistir a las familias con un ingreso de emergencia, entre otras acciones.
La cantidad de recursos desplegados le pone contexto a la ampliación de esta moratoria, próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.
El total de empresas asistidas a través del ATP -en sus primeras dos etapas- fue de 310.000, con un total de 2,8 millones de trabajadores beneficiades. El Estado Nacional invirtió 93.000 millones de pesos. Si se le suma la tercera etapa, los fondos destinados llegaron a los 125.000 millones.
Según el informe de Kulfas, hay más de 22 millones de adultos, que viven con otras 19 millones de personas, que reciben algún ingreso del Estado. “De este modo, 41 millones de personas (91% del total) vive en un hogar en donde algún miembro percibe algún ingreso por parte del Estado”, indicó la presentación del ministro.
En el caso de Santa Cruz, les empleades que recibieron la asistencia del Estado ascendieron a 16.649 en abril y a 15.842 en mayo. Las empresas asistidas fueron 1.600. Ante este universo, el Estado Nacional destinó a la provincia 855 millones de pesos para el programa ATP.

En Santa Cruz, recibieron el ATP 16.000 trabajadores de 1.600 empresas.

En este contexto, el Gobierno confirmó que pagará nuevamente parte de los sueldos de las empresas del sector privado. El desembolso se realizará en agosto para los salarios de julio y se hará a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Los requisitos para acceder variarán según la localización de la empresa.
El 93,4 por ciento de las compañías que forman parte del ATP tiene hasta 25 empleados y genera el 39,6 por ciento del total de empleo registrado. Sólo el 0,1 por ciento de las firmas posee más de 800 trabajadores, equivalente al 12,7 por ciento del total de los trabajos a nivel nacional.
En la reunión del gabinete económico realizada el pasado lunes, se estableció que tanto la nueva moratoria como los planes de obra pública y construcción de viviendas (relanzamiento del Procrear) formarán parte de los lineamiento para la post pandemia. Por eso será clave para la aprobación parlamentaria de la ampliación de la moratoria.
Por otro lado, los créditos a tasa cero -tomados por comercios y servicios profesionales como contadores, abogados, ingenieros y personales, como peluquerías y estéticas- fueron distribuidos entre 1.639 santacruceñxs, con una erogación total de 199 millones de pesos; mientras que a través del Banco Nación se entregaron 778 millones de pesos en créditos a una tasa subsidiada del 24 por ciento.
Estos niveles de asistencia del Estado Nacional sirven para comprender el contexto que llevó al Poder Ejecutivo a tratar en el Congreso una ampliación de la moratoria que beneficiará a contribuyentes de todo el país.