“Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez (Fabián Lorenzini), con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud”, aseguró el mandatario en declaraciones a radio El Destape.

La resolución del juez Lorenzini, tomada a partir de la presentación de un grupo de accionistas de Vicentin sobre la supuesta inconstitucionalidad del DNU presidencial que dispuso la intervención, establece que “los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados“.

Además, el magistrado se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por los accionistas.

 Tras ese fallo, el Presidente se comunicó con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con quien “nos pusimos a ver alternativas y una es que la IGJ (Inspección General de Justicia) pida la intervención de la sociedad hasta el fin del concurso y que al final del concurso veamos cómo el Estado capitaliza sus deudas”.

La situación de la cerealera

En ese marco, Fernández recordó que “los accionistas de Vicentin hablaron conmigo y con gente cercana reclamando que el Estado se hiciera cargo”.

La semana pasada, Alberto recibió en la residencia presidencial a las autoridades de Vicentin.

Luego, “los mismos de Vicentin me pidieron una reunión y vinieron a Olivos a verme. En esa reunión me volvieron a plantear que la única solución que tienen es que el Estado se haga cargo y que podíamos resolver el tema sin expropiación”, contó el primer mandatario.

“El propósito nuestro es que el Estado tenga la mayoría accionaria y se haga cargo de la empresa. Entre lo que tienen los bancos, lo que deben a los productores y a lo que por ahí podemos acceder comprando parte de las acciones con YPF, podemos llegar a más del 50%. El objetivo es controlar la empresa”, enfatizó.

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