La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia ante la Justicia por los destrozos sufridos en el Congreso de la Nación el pasado miércoles, en el marco de la protesta contra el tratamiento de la Ley de Bases que culminó la detención de unos 33 manifestantes. La titular de la Cámara Alta aseguró: “Quien comete un delito debe responder por el mismo”.
Fue mediante su cuenta de X que Villarruel, quien este viernes está a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei para participar del G7, comunicó: “Presentamos hoy ante el Juzgado de la jueza María Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace dos días. Se terminó el país de los violentos. Quien comete un delito, debe responder”.
La vicepresidenta ayer había anticipado iban a “denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.
Militantes gremiales y políticos de Unión por la Patria y la izquierda realizaron una marcha durante el debate en el Senado de Ley de Bases y el Paquete Fiscal, donde se produjeron graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que tuvieron como consecuencia la detención de 33 personas y el incendio de vehículos.
En un comunicado se informó que “la causa de la denuncia es por el intento de interrumpir la sesión que estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación, el día miércoles 12 de junio, cuando estaba en curso la sesión ordinaria donde se trataba el “Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Asimismo, se llevó a cabo un relevamiento presupuestario por los daños ocasionados al edificio de la Cámara de Senadores y al anexo del mismo. “Los delitos que se imputan a los responsables incluyen daños simples y agravados, atentados contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones y organizaciones, o para imponer ideas mediante la fuerza o el temor”, se indicó.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario