Villarruel firma reemplazos en el Consejo de la Magistratura mientras Abad denuncia más de 300 vacantes en la Justicia

En una jornada marcada por la tensión institucional, la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, formalizó la designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti como integrante del Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La decisión se produjo antes del recambio legislativo y la redistribución de bloques en la cámara alta, generando controversia entre distintos sectores políticos y aumentando la tensión entre el Senado y el Ejecutivo.

Además, la Consejera y Senadora Pilatti de Vergara termina su mandato en diciembre. No renueva. En la misma situación está la Consejera Diputada Roxana Reyes. Su suplente también termina mandato. Siguiendo el “antecedente” que acaba de fijar Villarruel, en la Cámara de Diputados se podría hacer lo mismo antes del recambio legislativo.

Por otra parte, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR), presentó una cuestión de privilegio en el Senado contra el Gobierno Nacional y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, debido a la demora en el envío de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Según Abad, existen más de 300 vacantes, equivalentes a casi el 40% del total, una situación que erosiona la institucionalidad y limita el acceso de los ciudadanos a una justicia eficiente.

La falta de nombramientos impacta también en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y en la infraestructura judicial, con un presupuesto 2026 que no alcanza para cubrir las necesidades del sistema. Esta parálisis genera preocupación entre los sectores políticos y sociales, que advierten sobre riesgos de impunidad en un contexto de creciente inseguridad y desconfianza en las instituciones.

La situación evidencia una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Senado, que podría profundizarse en los próximos meses si no se toman medidas para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial y la cobertura de las vacantes existentes. El desafío será encontrar un equilibrio entre las fuerzas políticas para asegurar la independencia y eficacia del sistema judicial, pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho.