YPF: la jueza Loretta Preska define si suspende la condena que obliga a Argentina a entregar acciones

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dará a conocer este lunes una decisión clave para el futuro de la petrolera YPF y la posición argentina frente a los fondos buitre que reclaman el 51% de las acciones de la empresa. Se trata de un pedido formal presentado por el Estado argentino para suspender la ejecución de la sentencia que lo obliga a transferir ese paquete accionario, en medio del proceso de apelación.

La defensa legal de Argentina, representada por la Procuración del Tesoro, presentó dos escritos contundentes ante el tribunal estadounidense, donde señala que la entrega de las acciones provocaría un daño “irreversible” y representaría un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del juzgado.

Uno de los argumentos centrales es que los demandantes, que forman parte de los fondos buitre que litigan contra el país, ya adelantaron que venderían las acciones inmediatamente después de recibirlas. Esto, advirtió la defensa, impediría revertir la situación incluso si la Argentina gana la apelación.

Además, el equipo jurídico argentino remarcó que el fallo de Preska colisiona con leyes internas como la Ley de Expropiación de YPF sancionada en 2012, que exige mayoría de dos tercios del Congreso para cualquier cesión de acciones del Estado, y con normas internacionales como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). También se destacó una Declaración de Interés presentada en su momento por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, como respaldo a la postura soberana.

En sus presentaciones, Argentina alertó sobre las graves consecuencias institucionales que podría traer el cumplimiento inmediato del fallo: el país podría verse forzado a elegir entre modificar su legislación nacional, violarla, o incumplir una orden judicial extranjera.

La expectativa oficial está ahora centrada en que Preska conceda el stay, lo que permitiría al Estado argentino mantener su posición mayoritaria en YPF mientras continúa el proceso de apelación. De lo contrario, se abriría un nuevo frente judicial y político, con derivaciones económicas sensibles tanto en los mercados como en el frente interno.

El pedido formal de suspensión de la sentencia fue presentado el lunes 1° de julio, un día después del fallo original, con una medida cautelar impulsada por la Procuración del Tesoro.