Acusaron a un preso santacruceño de vender droga dentro de la cárcel pero no pudieron acreditarlo

Víctor Tapia, un hombre que en 2022 fue sentenciado a cuatro años de prisión por el transporte de una considerable cantidad de marihuana, volvió a ser protagonista en los tribunales, aunque esta vez desde el otro lado de los barrotes.

Una sanción disciplinaria impuesta en la Unidad Penitenciaria N° 14 por una supuesta infracción grave fue anulada por la Justicia Federal de Santa Cruz.

La historia de Víctor Tapia lo identifica como un constructor, albañil y electricista nacido en Mendoza, ya había resonado en los pasillos judiciales de Río Gallegos hace casi tres años. En abril de 2022, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz lo encontró culpable del delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, luego de que fuera sorprendido retirando una encomienda que contenía 1894,72 gramos de marihuana en la sucursal del Correo Argentino de Caleta Olivia y actualmente está purgando su pena en una prisión federal de Chubut.

En esta oportunidad, a Tapia se lo había señalado como una persona que estaba vendiendo droga dentro de la cárcel. Según pudo saber La Opinión Austral, todo ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando un agente penitenciario informó haber visto a Tapia, perteneciente al pabellón 3, pasar un objeto de dudosa procedencia a otro preso de apellido Montiel del pabellón 6. En aquella oportunidad, al acusado lo habían sancionado con diez días en el calabozo.

La defensa de Tapia indicó algo fundamental: la falta de acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del sector donde supuestamente ocurrió el traspaso. Según la defensa, estas imágenes no fueron aportadas a pesar de haber sido solicitadas, lo que impidió probar la veracidad del hecho y menoscabó la posibilidad de una defensa eficaz, además que la droga nunca había sido secuestrada tras el hallazgo.

Si bien el juez reconoció que en procesos sancionatorios similares ha confirmado sanciones basadas únicamente en el testimonio de agentes penitenciarios, dada la particularidad del ámbito carcelario, en este caso consideró que el video que habría registrado el hecho existía y debió ser exhibido a la defensa. Como no se hizo, esto afectó al derecho de defensa del acusado. En consecuencia, como se trató de un expediente mal realizado donde se afectaron los derechos de Tapia, la Justicia declaró todo como nul