Allanaron a una ONG en Santa Cruz y en otras localidades de la Patagonia por presunta trata de personas

Una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintas localidades de Santa Cruz y Chubut puso nuevamente en el centro de la escena el combate contra la trata de personas en la Patagonia. Los procedimientos, encabezados por la Prefectura Naval Argentina y ordenados por la Justicia Federal de Caleta Olivia, se desarrollaron en sedes y dependencias de la organización REMAR Argentina, en el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas a explotación de personas.

El operativo tuvo fuerte impacto en Santa Cruz, especialmente en las ciudades de Caleta Olivia y Pico Truncado, donde la presencia de móviles federales, personal especializado y agentes judiciales generó sorpresa y conmoción entre vecinos y comerciantes de las zonas intervenidas.

Según informó oficialmente la fuerza federal, los allanamientos se concretaron el jueves de manera simultánea en distintos puntos de la Patagonia. En territorio santacruceño, las medidas judiciales incluyeron un domicilio en Caleta Olivia, una estancia ubicada a unos 160 kilómetros de esa ciudad y dos dependencias de la ONG en Pico Truncado: el local situado sobre calle Alem al 700 y el taller ubicado en San Martín al 500.

Según pudo saber La Opinión Austral, en paralelo, también se realizaron procedimientos en Comodoro Rivadavia y Ushuaia, como parte de una causa que se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal y que permanece bajo estricto secreto de sumario.

Fuentes oficiales indicaron que durante los procedimientos fueron identificadas 35 presuntas víctimas de trata, todas mayores de edad y de sexo masculino. Además, los investigadores señalaron a ocho personas como posibles responsables o victimarios: cinco hombres y tres mujeres, aunque hasta el momento no trascendieron identidades ni se ordenaron detenciones.

El despliegue operativo contó con la participación de efectivos especializados en investigaciones sobre trata de personas, junto a organismos provinciales y municipales. En Caleta Olivia también intervinieron integrantes de la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz y personal de la Subsecretaría de Familia del municipio, quienes colaboraron en tareas de asistencia y relevamiento.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos valuados en más de diez millones de pesos, elementos que ahora serán sometidos a pericias para determinar si contienen pruebas relevantes para el avance del expediente judicial.

La causa es impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, encabezada por el fiscal federal Lucas Colla, mientras que las órdenes de allanamiento fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, subrogado por Claudio Vázquez. La investigación se encuadra bajo una presunta infracción al artículo 145 bis del Código Penal, en el marco de la Ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas.