El Tribunal Superior investigará a la jueza Griselda Bard por difundir un estudio jurídico en WhatsApp

La delgada línea que separa el ejercicio de la función pública de los intereses particulares volvió a quedar bajo la lupa en la provincia de Santa Cruz, sacudiendo las estructuras del Poder Judicial con un episodio que combina la cotidianeidad de las herramientas digitales con las exigencias éticas más rigurosas de la magistratura. El caso que puso en el centro de la tormenta a Griselda Isabel Bard, jueza con asiento en la localidad de Caleta Olivia, no tardó en encender las alarmas institucionales tras trascender públicamente la difusión de los horarios de atención de un estudio jurídico vinculado a su entorno familiar directo.

El núcleo de la controversia se originó a partir de la circulación de contenidos vinculados a “Lex Andina“, una firma legal estrechamente ligada al marido y al hijo de la magistrada, los cuales fueron promocionados a través de canales de mensajería instantánea. Dicha situación abrió de inmediato profundos interrogantes en la comunidad jurídica y social sobre los límites éticos inquebrantables que deben regir la conducta de quienes administran justicia, velando celosamente por la necesaria separación entre los privilegios del cargo público y el rédito o la visibilidad en el ámbito privado.

Ante la repercusión pública adquirida por el caso, la respuesta desde la cúpula del Poder Judicial no se hizo esperar. En cumplimiento estricto de sus deberes de superintendencia, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia emitió un comunicado oficial fechado este al que tuvo acceso La Opinión Austral, informando formalmente que se ha dispuesto el inmediato inicio de actuaciones administrativas. El objetivo central de este sumario es determinar con precisión los pormenores del episodio y verificar el cumplimiento riguroso de la normativa legal y reglamentaria que disciplina la conducta de los magistrados en la provincia.

Lejos de acotar la intervención a un caso aislado, el máximo tribunal optó por abordar la problemática desde una perspectiva sistémica. En el mismo instrumento, firmado por el presidente de la institución, Gabriel Contreras, se instruyó de manera expresa a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia para que proceda a la emisión de una circular general. Esta normativa interna tendrá como propósito recordar y enfatizar la imperiosa necesidad de realizar un uso prudente, medido y estrictamente responsable de las redes sociales y de las plataformas de mensajería instantánea por parte de todos los integrantes que conforman el Poder Judicial santacruceño.