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Una confusa escena en la Costanera de la localidad de Caleta Olivia tuvo la intervención de la Comisaría Primera a horas de la madrugada del 5 de septiembre. Desde el servicio de emergencias 911 se informó sobre un hecho frente a la cancha de arena, donde presuntamente un vehículo habría atropellado a una mujer.

En la guardia de la dependencia policial se presentó el damnificado con sangrado en el rostro, acompañado por un sargento primero, quien manifestó que el hombre habría atropellado a su esposa, sin aportar mayores detalles, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Sin embargo, el damnificado desmintió la acusación y señaló que existirían cámaras de seguridad en la zona donde presuntamente ocurrió el atropello que demostrarían lo ocurrido.

En su declaración, el hombre explicó que entre la 01:00 y las 02:00 horas circulaba por la zona a bordo de un automóvil Ford Focus, cuando fue interceptado por un Volkswagen Suran de color rojo, conducido por el sargento primero.

Este efectivo policial se acercó a la puerta del conductor, intentó abrirla y le propinó golpes de puño contra el vidrio, al tiempo que le profería insultos. En ese momento, la mujer que acompañaba al sargento se subió al capot del vehículo del damnificado, se aferró al mismo y comenzó a grabar con su teléfono celular.

Posteriormente, la mujer se arrojó al suelo y empezó a gritar que el conductor la había derribado con el movimiento del automóvil, conoció este medio.

El damnificado logró alejarse del lugar y se dirigió hacia la Unidad Regional de la Policía, pero al estacionar su vehículo fue nuevamente interceptado por el sargento, quien lo siguió y le propinó varios golpes de puño en el rostro, exhibiéndole además una placa policial que llevaba colgada al cuello.

Se solicitó la presencia de una ambulancia y tras la certificación médica se determinó que las lesiones eran de carácter leve. El damnificado expresó que no era su deseo instar acción penal.

El Juzgado de Instrucción N° 2, a través de la secretaria de turno, dispuso la prohibición de acercamiento y comunicación del causante hacia el damnificado por el plazo de 30 días, y ordenó que las actuaciones sean elevadas a la sede judicial.

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