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La incertidumbre y la angustia abarcan a Caleta Olivia ante la persistente desaparición de Mario “Pato” García, de 50 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre de 2025, publicó La Opinión Austral. La familia del hombre, desesperada por la falta de avances y la aparente inacción de las autoridades, alzó su voz exigiendo una investigación exhaustiva y transparente al Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.
La búsqueda estuvo plagada de obstáculos y demoras, según denunciaron sus familiares, quienes señalaron irregularidades en la preservación de la vivienda, lentitud en la implementación de rastrillajes con canes y en la gestión de pruebas audiovisuales que podrían ser cruciales. Esta situación los llevó a acusar al Estado de “inacción y demoras en la búsqueda” y a manifestar que “el tiempo no tape lo que pasó”.
Un elemento que añade complejidad al caso es el testimonio de un testigo clave, quien afirmó haber visto a García subir voluntariamente a una camioneta. Este indicio, si bien podría sugerir una partida por sus propios medios, se enmarca en un contexto de sospechas fundadas por parte de la familia.
Sus allegados no descartaron la posibilidad de una desaparición forzada. La falta de respuestas concretas y la prolongada ausencia de novedades intensificaron la preocupación y la exigencia de “verdad” por parte de los sus familiares.
La historia de García también incluye un pasado judicial que salió a la luz. En 2008, García estuvo preso tras ser condenado por una brutal agresión en situación de robo. En aquella ocasión, ingresó a una vivienda en el barrio Miramar con intenciones de sustraer elementos y atacó salvajemente a la propietaria, una mujer de 56 años, con un palo.
En ese entonces, la víctima quedó inconsciente y fue internada en grave estado, conectada a un respirador artificial. Estos antecedentes, si bien forman parte de su historial, no deben desviar la atención de la exigencia principal de la familia: encontrarlo y esclarecer las circunstancias actuales de su desaparición.
Finalmente, la familia de García ha reiterado su firme postura, exigiendo que la investigación se lleve a cabo “con seriedad, con compromiso y con humanidad“. Sostienen que “cuando una persona desaparece y el Estado no responde, no es solo una familia la que sufre: es toda la sociedad la que está en riesgo”. Han declarado públicamente que “No vamos a callar” y “No vamos a dejar que el tiempo tape lo que pasó”.
La familia le pidió una respuesta al Ministerio de Seguridad de la provincia. La angustia se agudiza al cumplirse un mes de su desaparición, y las sospechas de la familia apuntan a una posible negligencia o encubrimiento, preguntando retóricamente si “se perdió el ministro”, haciendo alusión a la falta de responsabilidad por parte de las autoridades.
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