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Un conflicto comercial originado por la supuesta falta de entrega de una compra millonaria de aberturas escaló dramáticamente en Caleta Olivia. Una serie de denuncias cruzadas por lesiones, amenazas de muerte y difamación son los componentes principales de esta historia.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, la situación se centra en el comercio AlumiSur, que se encuentra ubicado en calle Máximo Berezoski, y tiene como protagonistas a la clienta Mariana, su madre Mónica, y la empleada del local, Martina. Todos los expedientes han recaído en el Juzgado de Instrucción Penal N° 2.

La primera denuncia fue realizada días atrás por Mariana en la Comisaría Segunda, quien manifestó que se presentó en el comercio para exigir la entrega de siete ventanas, por las cuales había abonado la suma de $2.000.062 el 31 de julio. Según manifestó, al dialogar con los trabajadores, una de las empleadas la habría agredido con rasguños en rostro, brazos y cuello.

Tras el revuelo de la noticia sobre aquella denuncia, Martina, quien se identifica como la cara visible de AlumiSur, emitió un descargo público y negó rotundamente haber ejercido violencia física contra la clienta o su progenitora. Según la versión de la empleada, la denunciante se presentó en el local de manera “prepotente” a pesar de que, según ella, “sí había solución” para el problema de las aberturas.

El giro más grave en la causa se produjo cuando Martina acusó directamente a los padres de Mariana de haberla amenazado de muerte en el lugar. “Me amenazaron con cagarme a tiros donde me viera“, declaró y responsabilizó a la familia por cualquier cosa que le pueda suceder a ella o a su entorno. La empleada sostiene que solo intentó apartar a la madre de la clienta para evitar ser golpeada ella misma.

Luego del descargo, la controversia sumó un nuevo capítulo judicial con la denuncia formalizada por Mónica, la madre, ante la Comisaría Cuarta. La mujer se presentó en la dependencia para denunciar a la página de Facebook AlumiSur Caleta Olivia por la publicación de un posteo donde, según ella, se difundieron “hechos falsos” hacia su persona, incluyendo su nombre y apellido, lo que constituye una posible difamación o injuria.

El panorama judicial se ha complejizado, con la Justicia investigando simultáneamente las lesiones denunciadas contra la empleada, las graves amenazas denunciadas por la empleada Martina contra la familia y la presunta publicación de información falsa y difamatoria por parte del comercio en sus redes sociales.

Mientras la empresa defiende su trayectoria de 15 años y pide respeto, la familia denunciante exige una solución por la compra impaga y ahora se defiende de las acusaciones públicas y las amenazas recibidas. Se aguardan las directivas del juez a cargo de la sede judicial antes indicada, el doctor Marcos Pérez Soruco para clarificar los hechos.

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