Tal como informó La Opinión Austral, los municipios de Río Gallegos y Caleta Olivia están decididos que en este 2022, recuperar terreno en sus corralones de Tránsito y generar ingresos con la venta de los vehículos que se encuentran depositados sin que nadie los retire.
El marco legal aparece con la Ley 2.646 sancionada por la Legislatura provincial en el año 2003, pero que nunca se aplicó en ningún municipio. Esta normativa establece qué vehículos son los que están en condiciones de ser rematados.
En primer lugar, la Ley contempla a aquellos automotores que hayan sido secuestrado producto de infracciones, faltas, o incumplimientos fiscales, tanto por normas nacionales, provinciales y/o municipales.
Además, podrán ser rematado los vehículos que hayan sido retirados de lugares de dominio público “en función de su estado de deterioro inmobilidad o abandono“.
Sin embargo, se aclara expresamente que quedan excluidos “los automotores depositados en esos corralones por disposición judicial“.
Por otro lado, la normativa vigente establece que para consumar un “remate público” se deberá cumplir un plazo de seis meses desde el último aviso sin respuesta al titular registral o la persona que fuera denunciada como adquirente o los terceros interesados.
En estos casos, teniendo en cuenta la información del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, se considerará que el dueño abandonó el automotor y, en consecuencia, se faculta a la autoridad de aplicación -en este caso los municipios-, para proceder a la venta del automotor depositado, o su chatarra.
Por último, cabe mencionar que previo al remate público, el ejecutivo municipal deberá “publicar en el boletín oficial provincial o municipal de la jurisdicción que corresponda y en un diario de circulación masiva, con diez (10) días de anticipación, el lugar, hora y fecha del remate, con breve detalle de los automotores y chatarras objeto de éste”.
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