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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ha dictado una resolución en torno al caso de una mujer que quiso darle droga a un detenido de la ciudad de Caleta Olivia. El caso de EG Ibáñez, una joven madre que intentó ingresar una cantidad ínfima de marihuana a una comisaría, no terminó con una condena tras las rejas, sino con un acuerdo conciliatorio que privilegia la paz social y la reinserción por sobre la “mano dura” tradicional.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, los hechos se remontan a la tarde del 24 de marzo de 2023, cuando Ibáñez, que en ese entonces tenía 22 años, se presentó en la División Comisaría Tercera para visitar a un detenido. Durante el control de rutina, el personal policial descubrió que la joven llevaba 2,25 gramos de marihuana distribuidos en dos cigarrillos de armado casero y un envoltorio, hábilmente ocultos entre sus prendas y dentro de dos rollos de papel higiénico. Lo que para muchos podría haber sido el inicio de un camino irreversible hacia el sistema penitenciario, se transformó en un proceso donde la Defensa Pública y la Fiscalía General acordaron que el Derecho Penal debía ser la última instancia y no la primera respuesta.
Para entender la magnitud de este fallo, es imperativo sumergirse en la cruda realidad de la protagonista. Durante las audiencias, quedó acreditado el estado de extrema vulnerabilidad de Ibáñez: una joven de 25 años que fue expulsada de su hogar, carece de respaldo familiar y vive sola en una habitación de un hospedaje junto a su hija menor de edad.
En un contexto económico asfixiante, sus únicos ingresos provienen de un trabajo precario, el Plan Potenciar Trabajo de $78.000 y la Asignación Universal por Hijo de $180.000. A pesar de este panorama adverso, la joven decidió dar un giro a su vida y comenzó a estudiar, un dato que no pasó inadvertido para los magistrados al momento de evaluar su situación.
La solución legal llegó de la mano de la conciliación y la reparación integral del daño, figuras contempladas en el nuevo Código Procesal Penal Federal. La defensa, liderada por Gastón Morillo, propuso una reparación económica de $50.000 destinada a la Institución Salesiana “Obra de Don Bosco” de la ciudad de Caleta Olivia.
El Fiscal General, Gastón Franco Pruzan, lejos de oponerse, prestó su conformidad entendiendo que el restablecimiento de la armonía social era preferible al encarcelamiento por un delito cometido en grado de tentativa y por una cantidad destinada al uso personal.
Finalmente, el juez Mario Gabriel Reynaldi, al homologar el acuerdo, destacó que la respuesta estatal debe buscar soluciones de mejor calidad institucional y menos violentas. Al haberse acreditado el pago de la reparación, el Tribunal dictó el sobreseimiento definitivo de Ibáñez, extinguiendo la acción penal y ordenando la destrucción de la sustancia secuestrada.
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