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Las negociaciones salariales entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y la Unión Tranviario Automotor (UTA) para el interior del país no alcanzaron el acuerdo buscado y el gremio conducido por Roberto Fernández anunció un paro para la jornada del jueves 8 de febrero.
Desde UTA Santa Cruz, Rubén Aguilera había ratificado temprano en la mañana a La Opinión Austral que Río Gallegos adhería al reclamo nacional, mientras que en Caleta Olivia fue el propio Municipio el que informaba la medida de fuerza, que se iba a desarrollar hoy en ambas localidades, Río Gallegos y Caleta Olivia. No obstante, por la noche, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y desde el gremio informaron que se “acatará la misma, dejando sin efecto las medidas de acción que habían sido resueltas”.
Sin subsidios nacionales al transporte
En la audiencia última, FATAP expresó que el “transporte del interior fue excluido como actividad económica que merezca la atención del Gobierno nacional, lo que resulta grave e inexplicable, dado que el sector no contará con los aportes del fondo compensador, ni siquiera en los importes establecidos para el año 2023, así como también sufre la reticencia de numerosas jurisdicciones provinciales y poderes concedentes municipales para generar una alternativa”.
En este escenario, el empresariado advirtió que se ve en la obligación de “abonar los salarios de manera fraccionada”, debido que los ingresos son insuficientes. En Río Gallegos, la empresa prestataria del servicio había advertido a inicios de este año que no recibe aportes nacionales desde marzo del pasado año.
El comunicado lanzado fue dirigido a “trabajadoras y trabajadores, autoridades nacionales, provinciales, municipales, usuarios y opinión pública en general”, señalando que el pasado lunes asistieron “al quinto fracaso de la ronda de negociaciones paritarias para el personal representado del Interior del país, celebrada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación”.
“La federación empresaria no acercó ofrecimiento salarial alguno, manifestando que el Estado nacional ha suprimido todo aporte al transporte del interior, negándonos el aumento salarial, pese a que la revisión salarial debía haberse dado en 15 de diciembre del pasado año.
En este sentido, los choferes hicieron foco en el derecho constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, al recordar que en AMBA ya cerraron los salarios que llevan la remuneración del sector por encima del millón de pesos.
“La medida de fuerza es empujada por quienes tienen a su cargo la responsabilidad y la obligación de solucionar la crisis estructural de transporte federal, y pretenden condenar a los trabajadores del interior a la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios”, señaló el gremio.
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