El viernes se cumplirá un mes desde el trágico suceso que terminó con la vida de Gonzalo Güenchur, y se está organizando una nueva manifestación para exigir justicia por la muerte del adolescente de 17 años. La convocatoria ha ganado fuerza a través de las redes sociales y llama a una concentración a las 17 horas en la plaza de la Escuela 83, seguida de una marcha por el centro de Comodoro Rivadavia.
Gonzalo perdió la vida tras recibir una puñalada al intentar recuperar su teléfono celular, que le habían arrebatado minutos antes en una parada de autobús en la avenida Rivadavia y Soldado Almonacid, en el barrio Ceferino de la capital nacional del petróleo. El agresor sacó un cuchillo y perpetró el fatal ataque.
El crimen ha causado gran consternación en la comunidad y ha llevado a la Policía a intensificar la búsqueda del presunto responsable. Según la investigación policial, el autor del homicidio es un adolescente de 15 años, aunque la familia de Gonzalo ha expresado dudas sobre la culpabilidad del joven.
Tal como lo ha informado La Opinión Austral, uno de los puntos de controversia ha sido si el acusado debería ser remitido al COSE (Centro de Orientación Socio Educativo). En la audiencia de control de detención se determinó que el adolescente es inimputable, lo que impide la adopción de medidas precautorias como la restricción de su libertad o la apertura de una causa penal en su contra.
En respuesta a esta situación, se ha decidido poner al adolescente bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia, responsable de evaluar su situación y tomar las medidas correspondientes, considerando su edad y su situación de vulnerabilidad.
“No quiero que alguien inocente pague por el homicidio”, declaró Noelia Alderete, la madre de Gonzalo, al referirse a la responsabilidad del adolescente señalado como presunto autor. La nueva convocatoria será el próximo viernes a las cinco de la tarde, afuera del colegio donde iba la víctima.
El reclamo de justicia por Gonzalo también abarca la efectividad de los corredores seguros durante el ingreso y la salida de los estudiantes de las instituciones. Los robos, arrebatos y agresiones contra los jóvenes han aumentado significativamente, y las comunidades exigen cámaras de seguridad, mejor iluminación y respuestas más eficaces por parte de las autoridades.
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