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La empresa Pesquera Deseado, filial del grupo español Profand, intimó formalmente al Gobierno del Chubut y al Comité de Administración de ALPESCA por la falta de entrega de las embarcaciones y activos que fueron comprometidos en el Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra suscripto el 30 de septiembre de 2025, según consta en una nota remitida el pasado 4 de noviembre al secretario de Pesca provincial.
En el documento, la compañía –representada legalmente por el Estudio Jurídico González Lernoud, Iglesias & Pedotti– solicitó la posesión inmediata de los buques B/P Promarsa I, Promarsa III y Cabo Vírgenes, junto con sus respectivos permisos de pesca y cuotas.
Retraso que afecta la operatividad
La firma sostiene que el retraso en la formalización de la entrega de los activos “impacta directamente en la operatividad y sostenibilidad económica de la unidad de negocio”, generando un escenario “altamente dificultoso que compromete la continuidad productiva y la viabilidad del contrato”.
“Se intima formalmente la entrega de posesión inmediata de los buques y demás activos comprendidos en el mencionado contrato, conforme lo estipulado en su apartado segundo”, expresa el escrito.
“Se pone en serio riesgo la posibilidad de cumplimentar las obligaciones asumidas por esta parte”, advirtió la empresa.
El reclamo se da en un contexto de fuerte tensión en el sector pesquero chubutense, a raíz de la reciente decisión del Gobierno de Ignacio Torres de enviar a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 131/2025, que busca autorizar de forma transitoria la ampliación de permisos de pesca.
Esa iniciativa apunta, según trascendió, a habilitar la operatoria de dos barcos bajo la órbita de la empresa Red Chamber, generando rechazo de cámaras pesqueras, gremios y de la oposición política.
Contexto político y empresarial
Mientras el Ejecutivo provincial defiende la medida como una herramienta “para garantizar el sostenimiento de fuentes laborales y aumentar el nivel de actividad”, distintos actores del sector advierten que la propuesta podría beneficiar de forma excepcional a una sola empresa, generando desequilibrios en la distribución de la flota y los permisos.
En ese escenario, el reclamo de Pesquera Deseado suma un nuevo capítulo a la controversia en torno al manejo de los activos de la ex ALPESCA S.A., empresa expropiada y liquidada hace varios años y cuyo patrimonio –incluidos los buques y permisos– continúa siendo motivo de disputa y litigios.
El reclamo de la empresa de capitales españoles, se suma al contexto de tensión previo que se vive al debate legislativo para ampliar el número de los permisos de pesca que pretende el Gobierno de Chubut para cumplir con los acuerdos con la estadounidense Red Chamber, más allá de que en las horas recientes crece el rumor de que el polémico proyecto de ampliación podría ser “retirado” para favorecer una instancia de negociación y consenso con el sector.
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