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En Comodoro Rivadavia, desde hace casi tres décadas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y hasta un niño forman parte de una lista tan extensa como dolorosa: más de veinte personas desaparecidas cuyos casos siguen abiertos, sin verdad ni justicia. Son historias que atraviesan generaciones y que convierten a la ciudad en un territorio marcado por la incertidumbre y la espera eterna.
La cifra fue confirmada oficialmente en octubre de 2025 por el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, antes de que un nuevo nombre se sumara a ese registro inquietante. Detrás de cada expediente hay familias que siguen preguntando, reclamando y golpeando puertas. Muchas de ellas encontraron en los medios de comunicación, especialmente en Diario Crónica, el único espacio donde sus voces no quedaron sepultadas bajo la burocracia estatal.
El punto de partida de esta historia colectiva de dolor se remonta al 1° de enero de 1997. Mientras Comodoro celebraba el Año Nuevo en el Camping San Carlos, Hernán Enrique Soto, un niño de 10 años con una leve discapacidad, desapareció en cuestión de segundos. Había pedido dinero para comprar algo en la proveeduría y nunca volvió. No hubo testigos ni ruidos que alertaran. Solo un vacío que jamás se llenó. Hoy, Hernán tendría casi 40 años y su madre, Marcela Muñoz, envejeció pegando carteles, transformando su búsqueda en un símbolo de una ciudad que empezó a acostumbrarse a la palabra “desaparecido”.
Lo que siguió fue una seguidilla de casos que expuso las falencias de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables. En 1998, Araceli Linares, mujer trans, desapareció tras subir a un Ford Taunus en la zona roja. Meses después aparecieron restos óseos, pero la desidia forense fue tal que nunca se pudo reconstruir la verdad. Ese mismo año, Mónica Elizabet Acuña salió a festejar el Día del Amigo y jamás regresó. Su madre murió en 2020 sin saber qué pasó con su hija.
Los primeros años del nuevo milenio no trajeron alivio. Silvia Mabel Picón, Iván Eladio Torres, Pablo Andrés Plascencio y tantos otros engrosaron una lista que empezó a incomodar a la sociedad y a exponer responsabilidades estatales. El caso de Iván Torres marcó un quiebre: ingresó a una comisaría y nunca salió. La desaparición forzada le valió al Estado argentino una condena internacional, pero Iván sigue siendo una ausencia sin cuerpo ni cierre.
Durante la década siguiente, Comodoro sumó historias cada vez más difíciles de explicar. Padre e hija, Leandro y Ángela Díaz, desaparecieron con un año de diferencia. Nicolás Capovilla fue captado por cámaras de seguridad mientras corría por el centro y luego se desvaneció. Norma “Lily” Carrizo tomó un remis y nunca volvió a su casa, que aún la espera intacta.
La geografía también se volvió cómplice. El mar, los acantilados, las escombreras y los caminos de ripio se transformaron en escenarios donde las búsquedas se diluyen. Victorino Joursin, jubilado con Alzheimer, Juana Morales y Pedro Kreder, perdidos en Rocas Coloradas, son ejemplos de cómo la inmensidad patagónica puede ocultar tragedias durante meses o años. En algunos casos, la verdad apareció de la forma más cruel, como con Diego Barría, cuyo cuerpo fue hallado parcialmente tras un accidente, devolviendo a la ciudad una imagen imposible de olvidar.
El verano de 2026 encontró a Comodoro cansada de esperar. La desaparición de Diego Ezequiel Serón, un joven que salió a buscar trabajo y nunca regresó, y el hallazgo del cuerpo de Valeria Schwab tras horas de búsqueda, encendieron una bronca colectiva que se tradujo en marchas espontáneas. La consigna fue una sola: basta de ausencias sin respuestas.
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