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La acusación fue presentada el jueves 8 de octubre contra Vanesa Elizabeth Fita, Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mancilla, María Victoria Curán y Camila Páez. La Fiscalía sostiene que entre abril de 2023 y febrero de 2024 Fita habría ofrecido viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sin contar con autorización para adjudicarlas ni con recursos para concretar las entregas.
Según la hipótesis fiscal, Fita se habría presentado como intermediaria y organizadora de una cooperativa, y habría afirmado que tenía vínculos con funcionarios públicos. A las personas interesadas les habrían pedido un pago inicial de $100.000 y luego cuotas que, según la oferta, se destinarían al IPV. Después, eran incorporadas a grupos de WhatsApp y participaban de comunicaciones y reuniones en las que se mantenía la promesa de acceder a una vivienda.
Denuncias y pruebas reunidas
La Fiscalía informó que reunió 80 denuncias de personas que dijeron haber sido perjudicadas. En esas presentaciones se incorporaron comprobantes de pago, conversaciones digitales y registros de encuentros informativos. La investigación también analizó cerca de 700 gigabytes de documentación, entre datos bancarios, información extraída de teléfonos secuestrados y registros fiscales.
El fiscal Martín Cárcamo señaló que se compararon depósitos y transferencias con los movimientos de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Según el fiscal, la información tributaria no mostraría actividades económicas formales de las investigadas durante el período analizado, pese a los movimientos de dinero detectados. También indicó que se investigó una posible participación de funcionarios públicos, pero que esa hipótesis fue descartada.
Qué se les atribuye
A Fita, a quien la Fiscalía considera presunta autora de la maniobra, le atribuyen al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real. Para el Ministerio Público Fiscal, las otras cuatro mujeres habrían realizado aportes necesarios para concretar las presuntas defraudaciones.
La acusación atribuye 130 hechos a Miranda, al menos cuatro a Mancilla, 300 a Páez y 400 a Curán. Esos números corresponden a las imputaciones individuales y no deben sumarse como si fueran personas damnificadas distintas.
Cómo sigue la causa
Luego de la presentación, las defensas podrán responder a la acusación. Después se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, instancia previa a la eventual apertura del juicio por jurados.
Por el momento, las cinco imputadas continúan en libertad. El fiscal indicó que esa situación podría revisarse durante el proceso. También consideró que, si hubiera condenas, algunas de las acusadas podrían recibir penas de cumplimiento efectivo, mientras que para otra contempló una eventual pena condicional. La responsabilidad penal de cada una deberá determinarse en las siguientes etapas judiciales.
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