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La jueza comodorense Mariel Suárez fue destituida en 2013 por presunto mal desempeño, acusada de liberar detenidos “por teléfono”, según denunció el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso su restitución provisoria en 2015 y, en septiembre de 2016, una sentencia anuló todo el proceso de destitución. Finalmente, en abril de 2017, el STJ ordenó su restitución definitiva en el cargo.
A partir de esta situación, Suárez inició una serie de reclamos administrativos por los haberes no percibidos durante el proceso en su contra. Recientemente, se conoció que ganó una demanda al Gobierno de Chubut, que deberá pagarle salarios no percibidos entre el 7 de noviembre de 2013 y el 31 de agosto de 2015. También deberán reconocerle diferencias salariales con los intereses correspondientes desde septiembre de 2015 a agosto de 2018, en concepto del adicional “permanencia en el cargo”.
Los ministros subrogantes de la Sala Civil del Superior, Guillermo Hansen, Ricardo Hayes y Guillermo Walter, le dieron la razón a Suárez, argumentando que al declararse nulo el proceso de su destitución, “se considera nulo desde su origen, como si nunca hubiera existido. La anulación revierte todas las consecuencias jurídicas del acto anulado desde su fecha de emisión, restableciendo el estado de cosas anterior a su promulgación”.
Actualmente, desde noviembre de 2023, la exmagistrada se encuentra otra vez destituida de su cargo tras un nuevo jury, acusada de haberse besado con un preso en el Instituto Penitenciario Provincial (IPPV).
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