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En una sala de audiencias que reverberó con la indignación y la esperanza de un futuro más sostenible, se llevó a cabo este lunes un juicio crucial en la provincia de Chubut, donde el ecocidio perpetrado en Punta Tombo, un santuario de pingüinos, ha despertado la atención y el clamor de la sociedad argentina.
La figura central del caso, Ricardo La Regina, enfrenta serias acusaciones tras la devastadora alteración del hábitat de miles de estas aves, que durante años han encontrado en esta región un lugar seguro para reproducirse.
De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la vecina provincia se pudo saber que Martín Castro, abogado querellante en representación del Estado provincial, no tuvo reparos en calificar la conducta de La Regina como un ecocidio. “No tengo dudas de que el señor La Regina ha cometido un ecocidio”, afirmó contundente.
Junto a Castro, Eduardo Hualpa, abogado de las prestigiosas fundaciones Patagonia Natural, National Geographic y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, apoyó firmemente la argumentación de la fiscal general, Florencia Gómez, quien había expuesto los elementos que sustentan la acusación.
Castro destacó las pruebas testimoniales presentadas durante el juicio, incluyendo las declaraciones de Luis La Regina, tío del imputado, quien posee un campo colindante al área afectada. También se mencionaron los valiosos aportes de Pablo Borboroglu, reconocido especialista en pingüinos que dio su testimonio durante la semana pasada, durante la valoración de pruebas, y el trabajo de los fotógrafos Maximiliano Jonas y Daniel Feldman, que documentaron visualmente el desastre. La investigación reveló un impacto devastador en la población de pingüinos, así como la ausencia de las autorizaciones necesarias para la construcción de caminos que separaron la colonia.
A lo largo de su alegato, Castro contrastó los testimonios de expertos con los de dos maquinistas presentados por la defensa, señalando que la actuación de La Regina fue deliberada y consciente. “Actuó sin importarle el interés colectivo, lo que evidencia una actitud dolosa“, sentenció.
Por su parte, Hualpa hizo hincapié en el carácter público del delito, resaltando que el daño ambiental afecta a toda la sociedad. Aportando evidencias científicas, mencionó los testimonios de expertos en imágenes satelitales, como Samuel Guilford, que corroboraron la magnitud del daño.
En ese sentido, siempre según Hualpa, La Regina no solo creó un camino y un alambrado electrificado, sino que también generó un estrés significativo en la colonia de pingüinos, con consecuencias trágicas que incluyeron la muerte de numerosas aves y sus crías.
El abogado argumentó que el hecho ocurrió en un periodo crítico, donde la densidad de pingüinos estaba en aumento debido a la época de reproducción. En sus palabras, “el ambiente necesita protección porque se trata de un sistema que ya no resiste más agresiones”. Con fervor, pidió al tribunal que declare culpable a La Regina, reafirmando la urgencia de un cambio en la protección del medio ambiente.
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