Aumentaron el canon que pagan petroleras por servidumbre a los dueños de las tierras

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en el canon que pagan las empresas petroleras a los dueños de las tierras donde desarrollan sus actividades. La actualización surge de una resolución conjunta del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y alcanza a todas las cuencas productoras del país, con fuerte impacto en la Patagonia sur.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial este viernes 6 de febrero, y establece incrementos retroactivos al 1° de agosto de 2025 en los valores indemnizatorios por servidumbres, daños y perjuicios, además de los gastos de control y vigilancia que afrontan los superficiarios.

La medida rige con efecto retroactivo desde el 1° de agosto de 2025 y alcanza a todas las empresas que opten por el régimen administrativo de indemnizaciones. El Gobierno notificó formalmente a las provincias involucradas, a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y a la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Explotación Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (AASEP).

Qué es la servidumbre y por qué se actualiza

La servidumbre es el pago que realizan las compañías hidrocarburíferas a los propietarios de los terrenos como indemnización por el uso de la superficie, la afectación directa del suelo y la imposibilidad de desarrollar otras actividades productivas debido al impacto de las operaciones.

El régimen se encuentra regulado por la Ley 17.319 y el Decreto 860/96, que establecen un esquema de compensaciones administrativas optativas, calculadas en base a parámetros productivos y económicos de cada región. La normativa prevé actualizaciones periódicas para evitar el atraso de los valores frente a la variación de precios.

La actualización respondió a un pedido formal de la AASEP presentado el 1° de agosto de 2025. El ingeniero Julio Blanco, presidente de la asociación desde septiembre del año pasado y superficiario de Santa Cruz, explicó a La Opinión Austral que desde la sanción de la Ley Bases el cánon puede ser actualizado una vez al año. “Nosotros hacemos el cálculo de la variación de precios de la lana, la carne y el combustible, que en este caso corresponden a julio del año pasado por lo que realmente estamos muy atrasados con respecto a los índices actuales. Hoy, podríamos tener un índice automático mensual de los precios”, indicó.

Aumentos por zona

La resolución fijó incrementos diferenciados según las zonas productivas. Para las indemnizaciones por servidumbres y daños y perjuicios, el aumento alcanza el 60,71% para la estepa y valles de las provincias de Chubut y norte de Santa Cruz, sin la precordillera (Zona A) y del 90,36% para el sur de Santa Cruz, la precordillera de Chubut y Santa Cruz y  Tierra del Fuego (Zonas B y C).

En paralelo, los gastos de control y vigilancia, que compensan los mayores costos que enfrentan los productores por la supervisión de la actividad petrolera, también tuvieron subas: del 39% para la Zona A; del 28,6% para la Zona B (sur de Santa Cruz, desde el río Gallegos hacia el sur; Tierra del Fuego; y la precordillera de Chubut y Santa Cruz); y del 23,6% para la Zona C (el sector centro y este de Santa Cruz comprendido desde el río Gallegos hacia el norte hasta el límite norte del departamento Guer Aike).

Cómo se calculan las indemnizaciones

El sistema de cálculo toma como referencia indicadores específicos de la actividad agropecuaria y energética. Para el lucro cesante y los daños emergentes, la normativa utiliza los precios de lanas sucias, madre fina y madre cruza fina, según la región. En el caso de los gastos de control y vigilancia, el parámetro central es el precio del gasoil.

Los valores se aplican sobre unidades de superficie de 25 kilómetros cuadrados en tierras de secano y contemplan múltiples situaciones: pozos, caminos, ductos, líneas eléctricas, instalaciones mayores, menores y especiales, además de relevamientos sísmicos. Siempre sobre la superficie que la petrolera necesita para producir y no se consideran los pasivos ambientales.

Impacto en la Patagonia y reclamo histórico

En provincias como Santa Cruz y Chubut, donde la actividad hidrocarburífera convive desde hace décadas con la producción ganadera, los superficiarios vienen reclamando una recomposición sostenida de los valores para evitar que la inflación licúe las compensaciones.

Desde AASEP señalaron en reiteradas oportunidades que los montos anteriores resultaban insuficientes para cubrir los daños productivos, la pérdida de uso del suelo y los costos adicionales que genera la presencia permanente de la actividad petrolera.

La resolución también contó con la intervención de la CEPH, en el marco de la Comisión Asesora creada por el Decreto 6.803/68.

Antecedente inmediato: el aumento de 2024

El ajuste de 2025 se suma a la fuerte actualización dispuesta a fines de 2024, cuando el Gobierno autorizó incrementos superiores al 200% en las indemnizaciones por servidumbre y por encima del 300% en los gastos de control y vigilancia, también a partir de un reclamo de los superficiarios en distintas partes del país.

Aquella recomposición buscó corregir un atraso acumulado de varios años. La nueva suba, en cambio, se enmarca en el esquema anual de actualización previsto por la ley, tras analizar la evolución de los precios hasta el 31 de julio de 2025.