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El martes 26 de diciembre de 2023 no fue una fecha cualquiera para el campo “Las Pulgas”, ubicado en la Ruta Nacional 26, en las inmediaciones de Sarmiento. Esa noche, cerca de las 20:42, los dueños del establecimiento se toparon con una escena que parecía sacada de otro tiempo, pero que sigue tan vigente como siempre en las zonas rurales del país: el intento de robo de ganado, delito que en la región tiene nombre propio y peso simbólico, abigeato.

Según la reconstrucción de los hechos aportada por la Fiscalía, Jorge Luis Díaz fue sorprendido junto a un menor de 17 años en plena faena, sustrayendo una oveja del predio rural. No estaban solos: a unos metros, JW y otro hombre aguardaban en un Chevrolet Corsa, aparentemente listos para concretar la huida. Pero la maniobra fue frustrada gracias a la intervención de un vecino atento, que dio aviso inmediato al dueño del campo. Este último, a su vez, se comunicó con la policía local, lo que permitió abortar el delito antes de que se consumara.

La causa avanzó rápidamente en los tribunales de Sarmiento. La audiencia de lectura de veredicto tuvo lugar esta semana en la Oficina Judicial de esa localidad. Lo peculiar del procedimiento fue la participación remota de JW, quien compareció desde la Comisaría Segunda de Las Heras, Santa Cruz, donde se encontraba alojado por una prisión preventiva dispuesta en el marco de otra investigación. Su imagen llegó a la sala por vía telemática.

Durante la audiencia, el juez Alejandro Rosales fue contundente al exponer los fundamentos de su fallo. Declaró a Jorge Díaz autor penalmente responsable del delito de abigeato en grado de tentativa, agravado por la participación del menor. En cambio, respecto de JW, el magistrado aplicó el principio in dubio pro reo —beneficio de la duda— y resolvió su absolución, al entender que las pruebas no permitían demostrar de manera concluyente su involucramiento en el hecho.

La defensa intentó revertir la medida pero el juez no dio lugar al planteo debido a las ausencias de Díaz.

La Fiscalía, representada por la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Matías Ayuzo, pidió la continuidad de la prisión preventiva de Díaz hasta la audiencia de cesura de pena, fijada para el próximo 22 de mayo a las 09:00. Ambos funcionarios remarcaron la solidez del caso y el comportamiento procesal del acusado, quien ya había faltado injustificadamente a audiencias previas, obligando a la reprogramación del juicio.

Por su parte, la defensa pública intentó revertir la medida de coerción, solicitando la libertad de Díaz bajo la condición de presentaciones diarias en una comisaría. Sin embargo, el juez no dio lugar al planteo, argumentando que las ausencias del imputado durante el proceso judicial evidenciaban un riesgo procesal que justificaba mantenerlo detenido.

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