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La provincia del Chubut avanza en cambios estructurales para el sector pesquero. Lo que comenzó como un trámite administrativo, la resolución 690/2025, que revocó un permiso de pesca artesanal de arrastre vinculado al buque hundido BP Carlillo, ha derivado en un debate profundo sobre la transparencia, la seguridad jurídica y la sostenibilidad del caladero.
Este hecho ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre el Estado provincial y los actores privados, en especial en relación con los activos de la ex Alpesca y la participación de empresas como Red Chamber. La revocación del permiso no es un acto aislado, sino que anticipa posibles licitaciones que buscan limpiar el historial jurídico y administrativo del sector pesquero en la región.
La deuda regulatoria y la propuesta de “Ficha Limpia”
Uno de los aspectos que ha salido a la luz es la situación de los permisos VACOPA, cuya conversión automática en licencias de la Flota Amarilla durante la reforma legislativa de 2022 ha generado controversia.
Estos permisos, que corresponden a un paquete de doce autorizaciones con origen experimental, carecen de resultados técnicos verificables y han sido cuestionados por su falta de transparencia durante más de una década.
Frente a este escenario, el gobierno de Ignacio Torres evalúa implementar una normativa conocida como “Ficha Limpia” para la pesca. Esta iniciativa busca impedir que empresas cuyos accionistas tengan condenas por delitos tributarios o económicos puedan mantener, renovar o transferir permisos pesqueros provinciales.
La medida apunta a fortalecer la integridad en la gestión de recursos y evitar que conflictos judiciales de privados afecten la administración pública del caladero.
Reformas estructurales y fortalecimiento institucional
La “Ficha Limpia” forma parte de un proceso más amplio de reestructuración del sector pesquero en Chubut.
En los despachos de Rawson circulan borradores de una reforma en la Ley de Ministerios, en la que la actual cartera de Pesca perdería su autonomía para integrarse como una secretaría dentro de un “superministerio” de Economía. La medida busca eliminar zonas grises y centralizar decisiones, promoviendo una gobernanza más eficiente y transparente.
Además, la Legislatura ha elevado el nivel de control sobre la gestión pesquera. Tras la fallida interpelación al titular de Pesca, se exigen mayores precisiones sobre los acuerdos económicos y responsabilidades asumidas durante la transición de las operadoras en el conflicto de Alpesca.
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