Investigan los permisos “truchos”

Los funcionarios a cargo de la “frontera caliente” dieron intervención al Ministerio Público Fiscal, al tiempo que hubo secuestro de vehículos y se detuvo a un hombre con domicilio en El Bolsón.

Las redadas comenzaron el viernes a las 18, cuando dos personas con domicilio en El Hoyo exhibieron documentación que, a criterio de los uniformados, presentaba contrariedades. En un caso, la fecha del documento consignaba “16 de junio” (recién hoy); el otro reflejaba una firma digital y un sello con “llamativas anomalías”.

El oficial a cargo del procedimiento se comunicó con el Ministerio de Gobierno, que certificó que “no hay autorizaciones emitidas a nombre de dichas personas”; otra “había cargado los datos, pero el permiso se le había denegado”; y en el último caso “ni siquiera se había tomado el trabajo de generar el formulario”.

“Se dio intervención a la Justicia provincial, que resolvió el secuestro de la documentación y la imputación de los protagonistas por pretender transitar con documentación supuestamente apócrifa. Nos llevó una hora cotejar si su origen era dudoso o falsificado, porque decían que lo habían hecho ante un ente de Gobierno y estaban convencidos de que eran válidos”, graficó el jefe de la Comisaría de El Hoyo, Darío González. Sobre el origen de la entidad que habría entregado los permisos, dijo que “la mencionaron, aunque por tecnicismo procesal no puedo ahondar en más detalles, recién se están iniciando las investigaciones”.

El sábado hubo otro hecho similar en el mismo escenario del límite interprovincial: un hombre con domicilio en El Bolsón intentó ingresar a Chubut con un permiso adulterado. Fue demorado y se secuestró la camioneta en que se desplazaba.

Desde la Policía se indicó que “pusimos mucho más énfasis en los controles, observando minuciosamente los permisos, principalmente aquellos que se exhiben desde el teléfono celular. Esto va a generar que se demore un poco más el trámite, pero debemos corroborar si realmente están autorizados”. En el caso de los infractores, “son casos contemplados en el Código Penal como un delito contra la administración pública”.