Jueces, fiscales y defensores de Chubut analizan ir a la Justicia por la deuda salarial del 2024

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut endureció su postura ante el incumplimiento del pago de aumentos salariales correspondientes a 2024. Claudio Petris, juez de Cámara de Esquel y presidente de la entidad, aseguró que la deuda, que se acumula desde junio del año pasado, afecta no solo a los actuales funcionarios, sino también a futuros postulantes. La falta de respuestas del Superior Tribunal llevó a que en abril se convoque una asamblea clave donde podrían definirse amparos colectivos o individuales.

Un conflicto que crece desde junio

Según explicó Petris, los aumentos adeudados fueron definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y son del 2,5% en cada ajuste. Aunque parecen incrementos menores, la acumulación de la deuda desde 2024 genera un impacto significativo en los ingresos de los magistrados. La preocupación aumenta porque Chubut es la única provincia patagónica con sueldos judiciales por debajo de la media regional, lo que afecta la atracción de nuevos postulantes para cubrir cargos vacantes.

La deuda salarial con magistrados de Chubut genera tensión y podría derivar en reclamos judiciales.

La Asociación de Magistrados envió en los últimos meses dos notas formales al Superior Tribunal de Justicia sin obtener respuesta. La única excepción fue el ministro Javier Raidan, quien mostró disposición para dialogar, aunque sin soluciones concretas. “La falta de pago afecta el funcionamiento del Poder Judicial y desmotiva a quienes ejercen una función que exige dedicación exclusiva”, expresó Petris a Diario El Chubut.

La asamblea de abril será decisiva

El escenario más probable es la judicialización del conflicto, ya que la deuda no solo no fue saldada, sino que el reciente aumento del 5% no contempla lo adeudado. Petris adelantó que en la asamblea prevista para abril se definirán las acciones a seguir. La posibilidad de presentar amparos, tanto colectivos como individuales, gana fuerza ante la falta de avances. “Sabemos que esto genera costos y gestiones extra, pero es el único camino que nos dejan”, concluyó el dirigente judicial.

Además, el año pasado el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, anunció que el Gobierno provincial enviaría un proyecto de ley a la Legislatura con el objetivo de prohibir y eliminar los enganches salariales, una práctica que vincula automáticamente los aumentos salariales locales a las pautas nacionales, incluso en otros poderes del Estado.

Un conflicto que podría escalar

La situación en Chubut podría sentar un precedente para otros poderes judiciales provinciales si no se resuelve pronto. Desde la Asociación, remarcan que el atraso salarial vulnera derechos adquiridos y afecta la independencia judicial. Las próximas semanas serán clave para determinar si el conflicto escala al plano judicial o si el Superior Tribunal ofrece respuestas concretas.