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Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por 126 contra 7 votos y 102 abstenciones y giró en revisión al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), que apunta a valorizar el potencial de Vaca Muerta y “aumentar la inversión extranjera”.

El proyecto declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte“.

Al respecto, el diputado nacional por Chubut del Frente de Todos, Santiago Igon, remarcó el trabajo que se realizó desde el ingreso del proyecto en mayo de este año, en cuyo marco recibió numerosos aportes de los legisladores que integran ambas comisiones.

“Es un orgullo haber sido parte del proceso de elaboración de esta Ley, que tiene una gran relevancia para nuestro país. El proyecto no sólo permitirá que Argentina sea un actor central en el proceso de transición energética que se está dando en el mundo, sino que se busca que la mayor parte de las inversiones queden en manos argentinas, a través de nuevos puestos de trabajo, compra de materiales y participación de empresas nacionales, transformando la actividad en una de las mayores fuentes de divisas para nuestro país”, manifestó el legislador.

La iniciativa fue aprobada por 126 votos que fueron aportados por diputados del Frente de Todos, Provincias Unidas y MPN, mientras el rechazó reunió 7 votos de la izquierda y libertarios, y hubo 102 abstenciones de Juntos por el Cambio, del socialismo y un legislador de Córdoba Federal.

El proyecto de creación del Régimen de Promoción del GNL, prevé declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico.

El Régimen estipula el “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria”, además de beneficios para quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

Además, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

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