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En un enfrentamiento judicial sin precedentes en la provincia, la jueza Lilian Bórquez advirtió que, de no recibir respuesta favorable del Gobierno de Chubut, podría ordenar la libertad de un peligroso delincuente con 18 causas en la Justicia.
La magistrada solicitó la provisión de una tobillera electrónica para otorgarle la prisión domiciliaria, pero las diferencias con el Ministerio de Seguridad provincial han llevado a una escalada de tensión y a amenazas de desobediencia judicial.

Prontuario extenso y antecedentes de fuga
El protagonista de esta polémica es Hugo Severo Torres, un delincuente de Trelew con un amplio historial delictivo. En agosto de 2024, fue detenido en Comodoro Rivadavia tras cometer dos robos utilizando inhibidores de señal, y junto a un cómplice fue arrestado cuando intentaba escapar en remis. Luego de su procesamiento, el 11 de febrero, Torres obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en la vivienda de su madre en Trelew, con un dispositivo de control electrónico.
Sin embargo, la historia no tardó en complicarse. Apenas dos semanas después, Torres destrozó la tobillera y aprovechó su libertad para cometer nuevos ilícitos, incluyendo robos con violencia. La situación se agravó cuando un grupo de vecinos lo atrapó mientras intentaba violentar un vehículo, golpeándolo y entregando los restos de la tobillera a la policía.
La jueza vs. Ministerio de Seguridad
La magistrada Lilian Bórquez insistió en que Torres debía ser detenido en su domicilio con una tobillera electrónica en funcionamiento, pero la respuesta del Ministerio de Seguridad, a cargo de Héctor Iturrioz, fue negativa. La autoridad provincial argumentó que Torres no solo había incumplido la prisión domiciliaria, sino que además había causado daños al sistema de control y representaba un riesgo para la comunidad.
Frente a esta negativa, la jueza Bórquez emitió una advertencia contundente: si en 24 horas no se le proveía una nueva tobillera, ordenaría la libertad del delincuente y le iniciaría una causa por desobediencia judicial a Iturrioz. Además, envió los antecedentes del caso al procurador general Jorge Miquelarena para evaluar las acciones legales correspondientes.
Reacciones y decisiones judiciales
La situación generó críticas inmediatas. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) en Comodoro Rivadavia, consideraron que la jueza había tomado una decisión arbitraria. En un comunicado, señalaron que “de un plumazo, la jueza desactivó los mismos peligros de fuga que antes había considerado vigentes”, poniendo en duda la coherencia de la decisión judicial.
El sábado 26 de abril, en una audiencia de revisión solicitada por el fiscal Martín Cárcamo, se revocó parcialmente la orden de libertad. Se decidió mantener la prisión domiciliaria, pero sin el uso de la tobillera electrónica, con controles policiales sorpresivos para evitar nuevas fugas. Torres quedó bajo arresto domiciliario en la casa de su madre, en un intento de balancear la seguridad pública con las garantías procesales.
Próximos pasos y contexto judicial
Por los robos cometidos con inhibidores, Torres deberá afrontar en los próximos días las primeras audiencias judiciales, con la posibilidad de aceptar un juicio abreviado. El caso continúa generando debate en la provincia, poniendo en evidencia las tensiones entre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos del imputado.
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