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El escándalo que sacudió a la Justicia de Chubut en 2022 tendrá su desenlace esta semana, cuando se lleve a cabo el juicio a la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, acusada de mantener una relación íntima con un preso que estaba bajo su jurisdicción.
La magistrada, que se encuentra suspendida desde el 22 de septiembre de 2022, enfrenta dos causas abiertas en su contra: una iniciada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que la denunció por mal desempeño, y otra impulsada por el diputado provincial Ignacio Agustín Torres y otros legisladores, que la acusaron de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El Tribunal de Enjuiciamiento que decidirá el futuro de la magistrada está integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Esteban Báez (presidente); las diputadas provinciales Selva Mónica Saso y Claudia Mariela Williams, y los abogados de la matrícula, Miguel Ángel Barletta y María Florencia Góngora.
El juicio comenzó ayer, a las 09 de la mañana, en la Sala de Audiencias del STJ en Rawson, sin su presencia, y se prevé que se extienda hasta el viernes 10 de noviembre, para escuchar la prueba ofrecida, los testigos y la documental en el proceso de jury de enjuiciamiento.
Debido a su ausencia en el recinto, el presidente del tribunal consultó al Dr. Jorge Benesperi, quien ejerce la defensa técnica del caso, respecto al paradero de la Dra. Mariel Suárez. De acuerdo a lo informado por el defensor público, la misma se encontraba en el aeropuerto de Bogotá (Colombia) y próxima a viajar a Argentina.
El caso que la involucra salió a la luz en septiembre de 2022, cuando se difundió un video donde se la veía besando y abrazando a un preso en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Comodoro Rivadavia. El recluso en cuestión era Cristian Aldana, un hombre condenado a 15 años de prisión por matar a su hijo de 3 años en 2017.
Según la investigación, habría visitado al preso en varias oportunidades, sin respetar los protocolos de seguridad ni los horarios establecidos. Además, se sospecha que la jueza habría beneficiado al reo con salidas transitorias y permisos especiales, a pesar de que tenía un historial de violencia y reincidencia.
Suárez, que se desempeñaba como jueza penal desde el año 2019, ha negado las acusaciones y ha sostenido que su relación con Aldana era sólo de amistad. Sin embargo, las pruebas en su contra son contundentes y podrían derivar en su destitución y en una eventual imputación penal.
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