Ramón Dupuy viajó a Comodoro tras el caso de Ángel López: “No me interesan los adultos, quiero que no se mueran más chicos”

La visita de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, a Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, junto a la abogada de Río Gallegos Elba Soria, volvió a exponer una problemática que atraviesa a todo el país: la persistencia de casos de violencia infantil, el crecimiento de conflictos judiciales en el fuero de familia y una fuerte crítica al rol de la Justicia.

Ambos trazaron, ante La Opinión Austral, un diagnóstico duro, con eje en la falta de aplicación real de la Ley Lucio, la ausencia de controles efectivos y un sistema que —según sostienen— sigue fallando en lo esencial, la prevención y la escucha de las víctimas.

Desde el inicio, Dupuy marcó el paralelismo entre el caso local y el de su nieto. “Todo esto me retrotrae cuatro años y cinco meses atrás, en el caso que vivimos con Lucio. Es la misma situación, el mismo caso”. Y reconoce que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura que se repite. “No es similitud, es la radiografía de lo que pasó con el caso de Lucio”, dijo.

En ese sentido, apuntó directamente contra el funcionamiento de los organismos de protección. “La desidia judicial que hay en los organismos de niñez es muy grande”, expuso. Incluso cuestionó el impacto social del caso Lucio. “Creímos que habíamos podido concientizar pero no sirvió para nada porque no se aprendió”.

La Ley Lucio (27.709) fue pensada como una herramienta para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir. Establece la capacitación obligatoria y permanente de todos los agentes estatales que intervienen en la protección de la niñez. Sin embargo, Dupuy planteó que el problema no es la ley en sí, sino su aplicación. “Es una ley preciosa pero si no se reglamenta a nivel provincial, queda en un papel”. Explicó que, aunque la norma está vigente a nivel nacional, su implementación depende de cada provincia. “Cada provincia tiene que hacer su reglamentación propia, sino no sirve. Hay una sola provincia que ha tomado conciencia, que es Córdoba”. La crítica apunta a la falta de sanciones concretas para quienes no actúan ante situaciones de riesgo. Sin ese componente, la ley pierde eficacia preventiva.

Uno de los ejes centrales del planteo de Dupuy es el incumplimiento de un principio básico: escuchar al niño. “Cuando yo vi ese video donde el niño llora, evidentemente ese niño no ha sido escuchado”, acotó la doctora Soria quien organizó la actividad junto a agrupaciones de padres impedidos de acercarse a sus hijos.

Este aspecto no es menor: la Ley Lucio justamente busca que docentes, médicos, jueces y asistentes sociales puedan detectar señales tempranas de violencia. Sin embargo, según Dupuy, eso no ocurre. “La defensa de los derechos de los niños está totalmente vulnerada”. Para el referente, el sistema falla en la etapa más importante, el preventivo. En medio del análisis, el abuelo de Lucio quien se reunió con el padre y la madre del corazón de “Angelito” ratificó una postura contundente ante casos con éste nivel de impacto. “No me interesan los adultos, me interesan los chicos. Acá hay una criatura muerta y eso es lo que importa”.

Y cuestionó que el sistema judicial muchas veces queda atrapado en disputas entre adultos —tenencias, conflictos familiares, denuncias cruzadas— y pierde de vista el interés superior del niño.

También relativizó el rol de la exposición mediática. “La visibilización la hacemos día a día, hay una cantidad enorme de casos en todo el país y hace poco se produjo un caso similar en la Provincia de Mendoza. La desidia hacia los niños a nivel nacional es tremenda”.

Y cuestionó además la falta de posicionamiento institucional: “No tenemos ni una sola palabra de la defensora nacional de niños en éstos casos”.

Impacto en el sistema judicial

La abogada Elba Soria aportó otra dimensión del problema: el crecimiento de las falsas denuncias, especialmente en el ámbito familiar. “La sociedad todavía no ha tomado conciencia de lo que es una falsa denuncia”.

Explicó que muchas de las mismas están vinculadas a presuntos abusos o violencia sexual, lo que genera un fuerte impacto social. “Generalmente son por presuntos abusos o acoso sexual, o siempre son esas temáticas que son tan indignas para cualquier ser humano. Generalmente el alto índice está en el hombre, entonces se cierran y no lo dan a conocer. Es como que a la sociedad no le da la credibilidad y nos sucede a todos. Se rompe todo estrato social y no interesa de qué clase social seas. Podés ser un empresario, un obrero, y, sin embargo ser objeto de una falsa denuncia que tiene esa justificación legal de un presunto abuso o acoso sexual. Y dentro del ámbito judicial, lo que vemos es un dejo de no justicia”.

Según Soria, esto produce distorsiones en el proceso judicial a partir de “reinvertir” la carga de la prueba quitándose presunción de inocencia al acusado. Además, advirtió que muchas personas son detenidas antes del juicio, lo que agrava la situación.

Y admitió que la responsabilidad central recae en el sistema judicial y los organismos de protección. “Hay que animarse a denunciar a los jueces cuando no hacen su trabajo”.

La combinación de leyes que no se aplican plenamente, decisiones judiciales cuestionadas y conflictos familiares cada vez más complejos configura un escenario alarmante.

El desafío no pasa por crear nuevas normas, sino hacer cumplir las que ya existen y garantizar que el Estado actúe a tiempo. Porque, como quedó expuesto, cuando el sistema falla, las consecuencias terminan siendo irreversibles. “Veo –concluyó- familias lastimadas, una sociedad totalmente rota a raíz de estos episodios que son sumamente tristes. Invito a que en cada hogar se planteen esto, puedan prevenir cualquier situación, más si tienen hijos jóvenes. Hay abuelos que están atravesando estas denuncias falsas. Hay que animarse a hacer las denuncias a la persona que corresponde y quienes tienen el deber de administrar la justicia. A los hospitales y a los jueces cuando no están realizando su trabajo pensando que la Justicia es la que hará lo justo. Sin embargo, cuando atravesamos situaciones de vulnerabilidad, nos encontramos que la realidad es otra. No se es escuchado y las pruebas no son tenidas en cuenta”.