Los pueblos de la precordillera y el fin de la pobreza energética

La medida, que saldrá a través de una Resolución ministerial, impacta en la vida de ocho mil familias de Los Antiguos, Perito Moreno, El Chaltén, Gobernador Gregores y Tres Lagos, que venían pagando boletas inalcanzables de entre diez mil y veinte mil pesos. Muchas de ellas incluso están endeudadas.
Los subsidios fueron eliminados en 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri, en medio de una fuerte campaña que instaló en la opinión pública una construcción de sentido que mostraba el derroche energético en el sur.
Para eliminar la intervención del Estado y dejar a las energéticas que fijaran los precios, ya dolarizados, hizo falta apoyo, y para eso, se demonizó a quienes deben consumir más gas, porque viven en una región con temperaturas de invierno todo el año.
El golpe fue para todos, también para quienes tenían gas natural por red, pero dejó en peores condiciones a quienes tenían suministro por GLP, ya que es más caro e incluso más dificultoso de transportar cuando hay temporales de nieve y las rutas se cierran.
La decisión del Gobierno de Alberto Fernández, para restituir los subsidios que alcanzarán a alrededor del ochenta por ciento de la factura, se da por insistentes gestiones del Gobierno de Santa Cruz ante el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.
Esto mereció especial agradecimiento por parte de intendentes y diputados de las localidades precordilleranas que verán el impacto en las tarifas desde el primero de julio.
La vuelta de los subsidios es justicia social, y una acción concreta para evitar lo que se conoce como pobreza energética, que es cuando una familia es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para su vivienda, o cuando tiene que destinar una gran cantidad de sus ingresos en pagar tarifas.
Esto tiene un impacto en la calidad de vida de las personas que, como se sabe, muchas veces asumen comportamientos para evitar usar los servicios esenciales para pagar menos. Es decir, que se ven ante la dura realidad de apagar calefactores y pasar frío.
Vivir en lo austral del continente y no poder tener acceso al servicio de gas no debería ser una opción. Adecuarse a una política deshumanizante no debería ser permitido, pero sucedió y por eso, legisladores como Juan Vázquez insistirán con que, más allá de la Resolución, también se avance con la ley.
Esto, para que no le sea tan sencillo a un gobierno quitar derechos reemplazando resoluciones y decretos por otros nuevos.
Mientras tanto, las comunidades a GLP festejan que el Gobierno Nacional los tuviese en cuenta, no sólo a ellos, sino al resto de las localidades de la Patagonia contempladas en la medida que será publicada en breve en el Boletín Oficial.
Cinco veces más caro pagan las boletas de gas en comparación con cualquier usuario de Río Gallegos, y es demasiado si tenemos en cuenta que Santa Cruz es la segunda productora de gas del país.
Eso debería ser tenido en cuenta, porque son recursos santacruceños puestos a disposición de la Argentina y su desarrollo.
Sin embargo, se trata de tener gobiernos que atiendan a estas dinámicas regionales, sus riquezas y sus necesidades.
De eso se trata el federalismo: tener políticas públicas que piensen en los ciudadanos y ciudadanas, en su propio contexto y más allá de la General Paz. Que admitan que vivir en el sur no es tarea sencilla, que las distancias son largas, que la infraestructura todavía es insuficiente, que el clima es un condicionante.
A juzgar por la decisión que tomó el gobierno de Todos, y por otras como la apuesta a YCRT y las represas, esa mirada está. Pero siempre falta más, por ejemplo que las comunidades abandonen el GLP definitivamente y puedan sumarse a la red de gasoductos.
El compromiso está y los santacruceños saben ser pacientes. Al menos ahora, la espera será un poco más justa.