El costo de las facturas de gas se ha convertido en un verdadero inconveniente para los usuarios residenciales de todo el país que aseguran que deben pagar un incremento notable, en algunos casos el doble del importe que abonaban.
Mientras que las quejas de los consumidores se multiplican por el encarecimiento del servicio, en Río Gallegos y Puerto Santa Cruz los Cuerpos legislativos locales piden la urgente intervención de ENARGAS para dilucidar los motivos que originaron los costos actuales.
Sucede que las tarifas permanecen congeladas por la Ley de Solidaridad hasta diciembre próximo. Como principal argumento para justificar los aumentos, se recurre a que el consumo se disparó por la cuarentena; otros buscan explicaciones en el invierno más frío de los últimos años.
En resumidas cuentas, las tarifas de los servicios siempre fueron un tema sensible en Argentina. Además de la incidencia en el salario promedio de una familia tipo, en términos de macroeconomía está relacionado al plan de producción de gas que estudia Nación para que las operadoras realicen inversiones y el suministro esté garantizado en los próximos años.

En Río Gallegos los consumidores pueden comunicarse el 2966- 554061.

Comunidades

Mientras tanto, concejales de Río Gallegos y Puerto Santa Cruz se convirtieron en los primeros actores en recibir las preocupaciones de los consumidores, y decidieron buscar respuestas.
En la sesión del jueves 27 de agosto, el Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz aprobó por unanimidad la Resolución N° 24/20. Solicitaron a ENARGAS que informe a qué se deben los costos del servicio. El Ente deberá pedir explicaciones a la distribuidora para responder.
La presidenta del Cuerpo, Magdalena Ibáñez (FdT), adelantó a La Opinión Austral que mañana remitirán al Ente Nacional Regulador de Gas Regional Santa Cruz las declaraciones juradas (denuncias) que los vecinos ejecutaron en Defensa del Consumidor.
“En caso que no haya respuesta en lo inmediato, se irá por la vía legal”, dijo la funcionaria, y señaló que en las últimas semanas se sumaron personas para exponer sus casos.
Al igual que sucede en Río Gallegos, en aquella localidad aducen que la distribuidora incurrió en “mala facturación” en los periodos “marzoabril”, por lo que solicitaron al ente estatal que “revisen las dos últimas facturas, claramente se observa que de un periodo a otro se duplicaron los valores”.
En este escenario, la funcionaria manifestó que, al menos en la localidad, la oficina comercial de Camuzzi está a cargo de “una sola persona” y está cerrada. En la línea telefónica habilitada no hay respuesta.
La ausencia de personal también afecta a los que toman los datos de los medidores; si bien al inicio de la pandemia no trabajaron, luego fueron declarados esenciales. Sin embargo, Ibáñez aseguró que “no se ha visto a un solo empleado hacer estos registros en los últimos meses”.

En junio y julio el consumo del gas incrementó alrededor del 10 % promedio.

En la ciudad capital de Santa Cruz hay un escenario similar. El concejal Leonardo Fuhr (FdT) lleva adelante una campaña para iniciar un reclamo administrativo colectivo. En su página de Facebook, informó que se acercará al domicilio de quien quiera denunciar para tomar los datos. Podrán firmar una planilla y entregar un duplicado de la facturas.

Camuzzi

La distribuidora que abastece a más de 2.000.000 de usuarios de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, salió a dar su versión de los hechos.
Dio a conocer que están vigentes los cuadros tarifarios dispuestos por el ENARGAS a través de las Resoluciones N° 194 y 201 para Camuzzi Gas Pampeana y las Resoluciones N° 202 y 203, todas correspondientes al año 2019, con vigencia a partir del 1 de abril, 1 de mayo y 1 de junio del mismo año.
“Dichas resoluciones han sido las últimas aprobadas con relación a los valores tarifarios a aplicar en todo el ámbito de operación de las licenciatarias, y que al día de la fecha continúan plenamente vigentes”, aseguró Camuzzi.
Además, la compañía aclaró que “no cuenta con la potestad para introducir modificaciones sobre las resoluciones tarifarias dispuestas, la autoridad de aplicación es el ENARGAS”.

Leé más notas de La Opinión Austral